Migración Venezolana
¡Decisión histórica!: El salvavidas lanzado a los migrantes venezolanos
Colombia comienza el 2021 dándole la mano a los ciudadanos de Venezuela que residen en el país de manera irregular con un estatuto que les hará más fácil su vida. La medida, aplaudida en el mundo, pone al Estado colombiano a la vanguardia en la defensa y protección de los migrantes.
Esta semana inició con una excelente noticia para los migrantes del vecino país. Se trata del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (EPTV), un proyecto que busca proteger cerca de 1.7 millones de ciudadanos que viven actualmente indocumentados en el país. Ellos recibirán la legalización de su estatus migratorio y podrán acceder a ciertos beneficios, como ingresar al Plan Nacional de Vacunación, a trabajo formal, salud, educación, entre otros.
El estatuto fue estructurado desde el año pasado por parte de Migración Colombia cuyo principal objetivo es obtener un registro único para identificar y llevar un control de los migrantes del vecino país, así como brindar oportunidades a estos ciudadanos en el marco de la legalidad. Este proyecto tendrá una vigencia de diez años durante el cual los migrantes venezolanos deberán pasar al régimen ordinario de visas.
Estados Unidos, a Unión Europea y varios países más aplauden el mecanismo propuesto por el gobierno de Iván Duque. Durante los 10 años, cerca de 2 millones de venezolanos podrán vivir más tranquilos e, incluso, podrán tramitar sus visas de residentes.
Pero ¿cuál es el cambio de condiciones de los venezolanos en Colombia?, ¿cuáles serán sus derechos y deberes?
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De un total de 1.729.000 migrantes venezolanos, 996.000 se encuentran en condición irregular, Migración Colombia calcula que se trata de un 56%. La mayoría de la población que se ha ido de Venezuela solo podía estar legalmente en el país si tenía una visa laboral, de residencia o contaban con un permiso especial de permanencia. Ahora, una vez se firme el Estatuto, los migrantes que demuestren su residencia en el país antes del 31 de enero, podrán acceder a los beneficios de protección.
Una vez el presidente firme el proyecto, se publicará el decreto y, a los noventa días, se iniciará la primera fase del estatuto a través de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. Los migrantes deberán cargar su información a un sistema que le permita al Gobierno caracterizarlos. Luego se presentarán ante la autoridad migratoria y allí registrarán sus huellas dactilares, el iris, fotografías para identificar plenamente la identidad del migrante y, una vez tramitado ese registro, se expedirá el permiso especial de protección.
Cabe aclarar que el registro solo lo deben hacer los migrantes que están en condición irregular. De esta manera, los venezolanos tendrán derechos y beneficios, tales como: ser contratados legalmente y con todas las prestaciones sociales y de salud, acceder a la educación, créditos bancarios, y a la vacuna contra la covid-19. Para cumplir este último punto el Gobierno también dio la buena nueva de que gestionará dos millones de dosis de vacunas adicionales para venezolanos que se regularicen.
Cabe anotar que este es un mecanismo de protección, de regularización y de identificación, se trata de una medida humanitaria, no de otorgar nacionalidad, por lo que los beneficiados no podrán votar, ni obtener, directamente, una visa de residencia.
Con esta medida no solo se espera llevar un registro, sino también lograr controlar el índice de cédulas fraudulentas, trabajos irregulares, delincuencia, ingreso irregular, entre otros. Ahora cuentan con herramientas para permanecer en Colombia formalmente. También hay que aclarar que el Estatuto no significa que todos los venezolanos siguen entrando diariamente de manera irregular (unos 300 por Norte de Santander, por ejemplo) sean cobijados. Precisamente, la restricción del 31 enero se pone para evitar una migración masiva que se salga de control para Colombia.
Finalmente, si bien es una medida que le permitirá al país generar una mayor inclusión, los migrantes que se vinculen tendrán obligaciones como cada ciudadano colombiano, por ejemplo, tendrán que cotizar salud y pagar impuestos. Con respecto a los individuos que ya cuenten con antecedentes penales, que estén en lista de la Interpol, que hayan sido deportados o tengan investigaciones, no podrán acceder a los beneficios del Estatuto.
