Declaran muerte política a Aída Merlano por violación de topes a su campaña

El desenfreno en el manejo de las cuentas que llevaron a Aída Merlano a ser electa como senadora en el periodo 2018-2022, fue destapado por la Fiscalía en el allanamiento a la casa blanca en Barranquilla. Desde su centro de operaciones, la exparlamentaria es señalada de coordinar toda una estrategia de compra de votos, que ahora la tiene respondiendo tras las rejas por cinco delitos. El caso, también acaba de llevarla a la fulminante muerte política, después de que el Consejo de Estado determinara que Merlano violó los topes de su campaña.

Merlano nunca reportó las cuentas de su campaña, como es su obligación legal. Sin embargo, una serie de documentos incautados dan cuenta de que se desembolsaron cerca de 6.000 millones de pesos, en gran parte, para la operación de compra de votos.

Esta fue la base para que el Consejo de Estado pudiera tomar la decisión de quitarle la investidura. "Fueron encontrados en su sede de campaña política durante la diligencia de allanamiento ordenada por la Fiscalía General de la Nación, lo cual permite asumir, sin duda, que ella estaba al tanto de lo que allí ocurría; de hecho, no obra prueba en el plenario que indique lo contrario".

El alto tribunal reprocha que sin justificación alguna, Merlano hubiera omitido presentar el informe individual de ingresos y gastos de su campaña política al Senado, según lo certificó el Consejo Nacional Electoral. La firma Jahv McGregor S.A.S., que estaba a cargo de rendir cuentas para las campañas por el Partido Conservador, también manifestó su preocupación porque a pesar de reiteradas peticiones a la campaña de Merlano, esta no ingresó los valores de gastos al aplicativo Cuentas Claras, así como tampoco registró la información correspondiente al gerente y el contador de la misma.  

Durante este proceso, Merlano fue renuente a rendir un informe y decidió guardar silencio. Renunció a ejercer su derecho de defensa y contradicción. Sin embargo, para el alto tribunal es claro que ella sí tenía conocimiento de los movimientos financieros realizados por su campaña política de cara a los comicios del 11 de marzo de 2018. 

El Consejo de Estado estableció que la campaña política de Merlano vulneró los topes máximos de financiación electoral y que ello se produjo con su aquiescencia. "Tal comportamiento, reprochable desde todo punto de vista, atenta gravemente contra los principios de igualdad, transparencia y pluralismo político que deben caracterizar toda contienda electoral".