Declaran nulo por ilícito el contrato de Ruta del Sol 2

Hace una semana, un intento de conciliación entre el Gobierno Nacional y los bancos que financiaron la construcción de la Ruta del Sol 2 desató polémica. Según lo admitió la ministra de Transporte, Ángela Orozco, se intentó saldar con 1.2 billones de pesos la deuda que la Agencia Nacional de Infraestructura tuviera con los bancos por las obras adelantadas en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país que quedó ahogado por la corrupción. 

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Este intento de acuerdo quedó rápidamente en el ojo del huracán ante la posibilidad de que las partes se saltaran la esperada decisión de un tribunal de arbitramento, que tendría que tasar a cuánto ascendía la deuda y a quiénes se debía pagar. El día de la repartición llegó y tres árbitros –Catalina Hoyos, Carlos Mauricio González y Jorge Enrique Ibáñez– decidieron que las restituciones solo valen 211.000 millones de pesos. La disfra sorprende por la diferencia de un billón de pesos adicional que hubiese pagado el Estado a los bancos con el acuerdo que no fue.  

Para los árbitros, la obra entregada equivale a un 52 por ciento del proyecto total y vale 4,7 billones de pesos. En las cuentas del tribunal, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura se han hecho desembolsos por 4,5 billones de pesos, de modo que solo restan por ser pagados 211.000 millones de pesos. En este momento, la fiducia del consorcio tiene un saldo disponible de 187.000 millones de pesos, por lo que los árbitros calculan que la Agencia Nacional de Infraestructura deberá desembolsar 24.000 millones de pesos. Así quedaría saldado el la deuda del Estado con la Ruta del Sol 2.

Frente al veredicto del tribunal la ministra Orozco señaló: "Hay que pagar 211.000 millones de pesos, eso es mucho menos de lo que se pensaba. No puedo hablar de detalles porque simplemente leyero la condena. Celebramos que se derivó la nulidad del contrato que fue lo que la nación pidió y la condena es menor de lo esperado, maravilloso". La funcionaria además explicó que el gobierno está trabajando en la estructuración de una nueva licitación cercana a los 4 billones de pesos para concluir la obra.

Tan pronto se conoció el veredicto del tribunal cayó una lluvia de críticas a la ministra Orozco. La periodista María Jimena Duzán, quien en una columna reveló el acuerdo que se venía gestando con los bancos a instancias del ministerio de Transporte, criticó esa salida en falso por parte del gobierno en el episodio. 

El texto del laudo tiene 700 páginas y será sometido a revisión de las partes. En su veredicto los arbitros declaron la nulidad absoluta del contrato de la Ruta del Sol 2 por causa ilícita, esto es, por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder. Los árbitros tuvieron en cuenta la decisión proferida hace apenas unos meses por la Corte Constitucional en donde asegura que solo se podrá hacer desembolsos a quienes hubieran actuado de buena fe. De modo que el dinero de la fiducia y el que recae en cabeza de la ANI solo podrán ser pagados en favor de la deuda con terceros que actuaron sin conocimiento de los hechos de corrupción.

Los abogados de las partes, representantes del sector empresarial y el procurador del caso estuvieron presentes para la lectura de la decisión. Para el procurador del caso, Iván Darío Gómez, se trata de un laudo favorable para el Estado colombiano pues la contraparte privada tenía pretensiones por 2,7 billones de pesos que fueron negadas. Junto con el contrato madre el tribunal anuló también las adiciones con que se fue modificando el meganegocio. 

El Procurador General, Fernando Carrillo, quien en su momento se opuso al fallido acuerdo con los bancos también celebró el veredicto del tribunal de arbitramento. “Con este laudo y la condena por 800.000 millones que logró la Procuraduría en la acción popular que interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca queda claro que Colombia no es un paraíso fiscal para inversiones de corruptos. El laudo es una gran condena económica contra Odebrecht y la mayor sanción ética impuesta por un tribunal de justicia en América Latina, aseguró el jefe del Ministerio Público. 

Ahora las partes implicadas en el tribunal de arbitramento tienen cinco días para analizar el complejo laudo e interponer aclaraciones y modificaciones. Tras esto los árbitros revisarán esos peros y pasarán a hacer el pronunciamiento definitivo.

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