Las dudas que no resuelve el nuevo decreto de porte de armas

El decreto que suspende el porte de armas en el país ha dejado más dudas que respuestas. El borrador de decreto que fue publicado días antes no contenía un nuevo parágrafo que abre la ventana para que el Ministerio de Defensa dé permisos especiales por razones de “urgencia y seguridad”.

La inclusión del nuevo acápite se conoció primero por cuenta del expresidente Álvaro Uribe y horas después fue confirmado por el presidente Iván Duque, cuando anunció que efectivamente había firmado el decreto el 24 de diciembre.

Ese nuevo aparte, que no estaba en el decreto que regía para 2018, quedó así: "El ministro de Defensa Nacional, durante la vigencia del presente decreto, impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos y/o directrices para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda, teniendo en cuenta enre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud".

En plena Navidad el decreto ha reabierto un viejo debate: ¿quién debería portar armas para defenderse? Desde el 2016 la respuesta ha sido más tajante, se suspendieron los permisos para portar armas, y esta medida fue prorrogada hasta el 2018. Pero a partir del 1 de enero las cosas van a cambiar.

Las pistas

Como el decreto firmado por Duque le da la potestad al Ministerio de Defensa para dar los permisos especiales ha sido el jefe de esa cartera, Guillermo Botero, quien ha explicado sus alcances.

Según Botero no hay un gran cambio con el parágrafo que fue incluido, sino que ahora habrá mayor claridad y menos discrecionalidad para otorgar los permisos especiales para portar armas en el país. El cambio que reconoce Botero es que ahora diseñarán una reglamentación para evaluar las autorizaciones especiales para porte de armas, la cual deberán seguir los funcionarios que ya venían estudiando los casos para otorgar permisos, una función que está a cargo de las autoridades militares.

En esa nueva reglamentación está el meollo del asunto, porque allí deberán aclararse los requisitos que deben cumplir los ciudadanos a quienes se les otorgarán los permisos especiales. Por ahora, el parágrafo que contiene el decreto asegura, como está citado líneas atrás, que se les otorgarán “por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda, teniendo en cuenta entre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud”.

La otra pista la dio el expresidente Uribe, quien ha estado informando detalles del decreto. Aseguró que se “autoriza a MinDefensa para permisos especiales en favor de personas honorables que por su labor lo necesitan”, sin aclarar si la norma está dirigida a un grupo específico de ciudadanos en condición de vulnerabilidad.

También dijo Uribe que “el monopolio estatal de la armas necesita desarmar a criminales protegidos por la impunidad de sus apoyos políticos”. Sobre el monopolio de las armas, Duque ha dicho que lo seguirá teniendo el Estado como dictan las leyes, sin embargo, quienes advierten peligro en la norma aseguran que esta es una manera de armar civiles y poner en riesgo dicho monopolio.

Las dudas

Ante la falta de claridad en los lineamientos para otorgar los permisos especiales, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada –uno de los firmantes de la carta que pedía la flexibilización del uso de las armas- puso un ejemplo. En el Huila los compradores de café “tienen que ir a 37 municipios a comprar en efectivo y muchas veces tienen problemas con la delincuencia, con grupos criminales, o grupos armados organizados llamados GAO ahora”, dijo a la W Radio.

En Colombia existen tres tipos de permisos para que los civiles tengan armas. El primero es el de tenencia, tiene una vigencia máxima de 10 años y permite a su portador mantener el arma en un inmueble sin poder sacarlo de allí. El segundo es el de porte, que sí permite que su titular lleve consigo el arma. Y el último se otorga a las misiones diplomáticas –mientras estas duren- y a los funcionarios extranjeros que estén acreditados y que hagan parte del cuerpo diplomático.

Los permisos especiales que se expedirían serían para porte de armas, porque precisamente el decreto no habla ni de la tenencia ni de las misiones diplomáticas. Según el Decreto 2535 de 1993, que reglamenta el uso de las armas, “el permiso para el porte de armas de defensa personal se expedirá por el término de tres (3) años; y el permiso para porte de armas de uso restringido tendrá una vigencia de un (1) año”.

La otra gran pregunta que surge es si el gobierno Duque realmente atendió el pedido de los 50 congresistas del Centro Democrático y el Partido Conservador que le pidieron flexibilizar el uso de las armas en el país. Según el ministro de Defensa el decreto no se flexibilizó, pero el mismo Prada dijo que sí lo hizo: “El gobierno flexibiliza la prohibición del porte de armas legal y le permite al ministerio dar unos lineamientos claros”.

El decreto que firmó Duque también fue celebrado por el representante del Centro Democrático Christian Garcés, quien recogió las firmas de la carta que le enviaron al presidente. Aseguró que el gobierno nacional los escuchó.

Ahora bien, el decreto que entrará en vigencia, sin embargo, será demandado. Los exministros Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, junto al ex viceministro Luis Ernesto Gómez, presentarán una demanda en contra del decreto. Según ellos, esa nueva disposición viola la Constitución porque "se desprende genéricamente de la facultad presidencial para conservar el orden público en el Ministro de Defensa para dictar “lineamientos y directrices”.

Además, los exfuncionarios aseguran que la Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido en sentencias de condena al Estado colombiano, que "este tipo de autorizaciones genéricas degeneraron en el fenómeno paramilitar que tanta sangre le costó al país", advierten.

El decreto cuenta con detractores y defensores, pero sobre todo deja en el aire dudas importantes. Aún así, el documento firmado por Duque entrará en vigencia el 1 de enero del 2019, por tanto, el gobierno está preparando la reglamentación para presentarla máximo el 31 de diciembre. De lo contrario, el decreto estará vigente pero sin las reglas de juego claras.