Decreto para excarcelar más de 10.000 internos sí, pero se demora

En medio de las reacciones por la tenebrosa noche en que murieron 23 internos amotinados en la cárcel La Modelo, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, anunció que el Gobierno estaba preparando un decreto para enviar a detención domiciliaria a un grupo de presos que cumplieran con ciertos requisitos. Desde entonces, varios modelos de la norma -unos amplios y otros restrictivos- se han filtrado a los medios de comunicación, sin que hasta ahora ninguno haya conseguido la bendición presidencial. 

A la ya demorada iniciativa se acaba de sumar una consulta hecha a la Fiscalía General, entidad que anunció un estudio de fondo al tema y tendrá la última palabra sobre el decreto. Existe una clara urgencia de tomar esta decisión cuanto antes, dado que los altos índices de hacinamientos juegan como bomba de tiempo en plena pandemia, no obstante, la medida tardará por lo menos una semana más. 

El ente investigador anunció que conformó un comité de alto nivel, encabezado por el Fiscal General y la Vicefiscal General de la Nación, para evaluar todas las propuestas del tema. Frente a ello, sacará una serie de observaciones que contribuyan a la iniciativa. "La Fiscalía está analizando, en el marco del comité, los casos de excarcelación que se han presentado en otros países afectados por el coranavirus, con la finalidad de proponer las mejores prácticas sobre esta coyuntura que también enfrenta Colombia".

Varios de los países más golpeados por el coronavirus han optado por sacar a los presos como medida de prevención y contingencia. Son los casos, por ejemplo, de Italia, Alemania o Irán. 

En contexto: 

Aunque desde el comienzo, se estimó que la cifra estaría por los 10.000 internos, no hay certezas respecto de cuántos y qué perfiles cobijará la medida. Una vez la Fiscalía haga sus recomendaciones, estas serán socializadas con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, los presidentes de las altas cortes y el Ministerio de Justicia. Muchas de estas consultas ya se habían hecho, pero resultaron ser insuficientes para tomar una decisión definitiva. 

Las versiones de decreto que se han filtrado coninciden en que se van a excarcelar mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes con niños menores de 3 años, quienes padezcan enfermedades catastróficas y procesados con penas menores a cinco años. También favorecería a los sentenciados por delitos culposos (por ejemplo, los accidentes de tránsito) y quienes hayan purgado las tres quintas partes de su pena.

El lío está en el listado de exclusiones que a renglón seguido promueve la iniciativa. En algunas versiones se permite la excarcelación de personas que hubieran cometido delitos graves, traficantes de drogas o actos de corrupción. En otras versiones más restrictivas todos estos quedan sin posibilidades de tener esta detención domiciliaria transitoria.

Lo cierto es que la estimación incial de excarcelaciones se hizo en alrededor de 10.000 personas, lo que representan el 8 por ciento de la población carcelaria en Colombia. Esto ha traído críticas de abogados penalistas que consideran que no es suficiente para conseguir una verdadera medida de prevención en medio de una población carcelaria que llega a las 124.000 personas.