¿La lotería de los extraditables?

En marzo, mientras el país entraba en la cuarentena, los abogados de los extraditables se frotaban las manos. Sus clientes, unos 300 reclusos de La Picota, quedaron atrapados en una sinsalida: no tienen deudas con la justicia colombiana, pero no pueden salir en libertad porque aunque un país extranjero los requiera, no tiene cómo llevárselos.

Esta papa caliente para el Gobierno pasó de agache. El 13 de marzo, cuando el presidente Iván Duque seguía el camino de honrar sus compromisos de cooperación, apareció la primera alarma. Las extradiciones de cuatro capos de alto valor tenían la aprobación presidencial para entregarlos a la justicia española desde el 21 de febrero. No obstante, el coronavirus obligó a Madrid a pedir la interrupción de los plazos. Lo mismo ocurrió con Ecuador, que solicitó el 17 de marzo una nueva fecha para la extradición de una mujer acusada de homicidio.

Con el fin de solucionar el tema, el Ministerio de Justicia y la Cancillería expidieron el Decreto 487 del 27 de marzo, que suspendió por 30 días los términos de la extradición. Este proceso tiene dos etapas: primero, la autoridad judicial debe conceptuar favorablemente para que el presidente resuelva. Una vez expedido el decreto, Duque –que llevaba 38 extradiciones este año– dejó de hacerlo.  

En la Corte Suprema de Justicia los magistrados advirtieron la gravedad de congelar los trámites para personas presas, como los extraditables, y decidieron apartarse del decreto. Lo mismo hizo la rama judicial. De modo que la justicia siguió moviendo los expedientes por correo electrónico: desde enero han conceptuado favorablemente la extradición de 93 personas, 45 de estas después de la declaratoria de emergencia sanitaria. 

En medio de esta disparidad de opiniones, un huracán se avecina desde la Corte Constitucional. Como este tribunal controla los decretos de la pandemia, los magistrados estudian el tema. Detalles de la deliberación preliminar, conocida por

SEMANA, apuntan a que el ponente, Alejandro Linares, optará por tumbar el decreto porque viola los principios de libertad y debido proceso.

Para el magistrado, el decreto afecta de manera desbordada el derecho a la libertad al suspender los términos. De un lado, porque lo hace cuando los términos ya comenzaron a correr, algo restringido por el derecho procesal. Y de otro, porque despoja a los extraditables de los mecanismos para recuperar su libertad. Además, esta queda supeditada a que el país requirente pueda trasladarlos; es decir, están en un limbo indefinido. De hecho, el decreto establece que los 30 días son prorrogables, lo que en efecto ocurrió el 25 de abril. Así mismo, esta decisión produce descontento porque la tramitaron como si fuera el desarrollo de una ley y no la prórroga a una medida que afecta la libertad de los sindicados. La revisión de esta norma le corresponde al Consejo de Estado.

La extradición de Diego Fernando Coca, el capo invisible del Clan del Golfo. Foto: Archivo

De entrada, los magistrados más avezados en derecho penal apoyan a Linares; pero si llegan a ser mayoría, convertirán la pandemia en el premio de los extraditables. De acuerdo con los términos ordinarios, después del concepto de la Corte Suprema el presidente tiene 15 días para pronunciarse. Una vez Duque lo haga, el Estado requirente cuenta con 30 días para hacer el traslado. Y el vencimiento del plazo es causal de libertad. O sea que algunos saldrían a la calle.

La Corte Suprema continuó dando trámite a las extradiciones, pero la mayoría de estos no se han podido hacer efectivos. Las razones son muy simples: el presidente frenó la firma de extradiciones; no obstante, en los casos en que sí lo hizo no hubo avión para montarlos. Un listado conocido por SEMANA arroja que a 51 extraditables ya se les habría vencido el término para que el presidente se pronuncie, y otros 15 ya habrían cumplido los 30 días reglamentarios para ser enviados después de la firma presidencial.

El Gobierno y las autoridades de Estados Unidos tienen los pelos de punta frente al estudio de la corte. Un revés de esta dimensión en medio de la pandemia podría poner a correr a los países con extradiciones de última hora, siempre y cuando los tiempos sean subsanables.