Nuevas propuestas para acabar con la corrupción

La corrupción en Colombia ha permeado y se ha convertido en una plaga difícil de acabar. En los últimos días el escándalo por las coimas de Odebrecht ha puesto el tema sobre la mesa. En un nuevo intento por combatirla, el presidente Juan Manuel Santos instaló la Comisión Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción y presidió la reunión de la Comisión de Moralización.

"Después de ganar la guerra por la paz debemos ahora ganar la guerra contra la corrupción", aseguró el mandatario.

Para empezar, el Gobierno expidió un nuevo decreto que modifica el Decreto 777 de 1992, el cual reglamenta la celebración de contratos con las entidades sin ánimo de lucro. Según el mandatario, con esta medida se frenan los abusos en la contratación directa con esta clase de entidades.

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“También nos sirve para identificar y rastrear los recursos que se ejecutan a través de subcontratistas que muchas veces son los verdaderos dueños de los negocios, y usan fundaciones fantasmas para contratar”, explicó Santos. Este tipo de triquiñuela es muy usada por los corruptos, quienes crean fundaciones para obtener beneficios en lo público y robar los recursos.

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Además, Santos firmó la ‘Declaración por un Estado Abierto‘ para que las ramas del poder público estén totalmente abiertas y los ciudadanos ejerzan control. “Se trata de tener una rama judicial abierta, un Congreso abierto, unos órganos de control abiertos, unas entidades territoriales abiertas, y no sólo un Ejecutivo abierto”, aseguró el jefe de Estado.

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Por otra parte, se anunciaron dos proyectos de ley que ayudarían en la cruzada contra la corrupción. El primero es el de Registro de Beneficiarios Reales, el cual ya tenían en mente desde la Cumbre Mundial Anticorrupción en Londres celebrada en el 2016.

El proyecto de ley buscará que todas las empresas que operen en Colombia den la información de las personas que tienen un control significativo sobre la empresa, no son necesariamente los dueños o representantes legales, sino personas que tienen un porcentaje de las acciones o votos pero que en la práctica ostentan el control.

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Con esto se “previene que se usen empresas o determinados instrumentos legales y financieros para fines de corrupción”, explicó el presidente Santos.

El segundo proyecto de ley pretende reformar la rebaja de penas por allanamiento a cargos, y eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Al respecto, Santos explicó que se quieren evitar los abusos a los que se está prestando esa figura y puso de ejemplo el caso de Odebrecht: “El señor con la simple aceptación de cargos, ya tiene derecho al 50 % de rebaja de pena, en un caso en el que la Fiscalía ya tiene toda la información necesaria para lograr una pena efectiva”.

El presidente se refiere al ex viceministro de Transporte Gabriel García, acusado de un soborno de 6,5 millones de dólares y quien aceptó los cargos por interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, será el juez del caso el que decidirá si hay rebaja de pena.

Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta frenar la corrupción, sin embargo, este será la principal prioridad del Estado para el 2017, según el presidente Juan Manuel Santos.