Defensa de Uribe nunca recibió “copia espejo” de equipos del testigo Juan Guillermo Monsalve, como afirma la contraparte. Esta es la prueba

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez entró en una nueva polémica, esta vez por la presunta violación de las garantías para ejercer el derecho a la defensa, cuando la jueza del caso no aceptó la petición de aplazar por unos días el juicio mientras su defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, conocía y analizaba nuevas pruebas del computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve.

El tema resultó en una queja y una acción de tutela buscando amparar los derechos de Uribe. Sin embargo, las víctimas y su abogado, Reinaldo Villalba, aseguran que la defensa de Uribe está buscando dilatar el proceso y que las pruebas que reclaman ya habían sido entregadas el 5 de abril de 2021.

En ese cruce de argumentos, SEMANA conoció el documento con el que se había hecho la entrega de información por parte de la Fiscalía y, según se lee, nunca se entregó ni una copia espejo ni el contenido de los equipos. Lo que se habría hecho es una “extracción de información” de una SIM de Claro y “reportes de la información y búsqueda de palabras claves del computador Toshiba”.

Aunque parece un tema técnico, la diferencia es radical y explica la insistencia de la defensa de Uribe en conocer la información original de los equipos, incluso acceder a ellos. Vale la pena recordar lo que sucedió con los relojes que fueron decomisados a Monsalve, a los cuales les habían borrado y manipulado información y esto solo se puso cuando tuvieron acceso total.

Así las cosas, el argumento que presentaron las víctimas: el senador Iván Cepeda, Deyanira Gómez, el exfiscal Eduardo Montealegre, y el exfiscal Jorge Fernando Perdomo, no tendría validez y tampoco sería cierto que esa información ya había sido entregada.

En un comunicado, las víctimas habían señalado que “como fue acreditado por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la tutela interpuesta por la defensa con ocasión de estos hechos, el ente investigador, el 5 de abril de 2021, hizo entrega de copia de las imágenes forenses del computador y el celular, a Andruz Iván Galindo Orjuela, investigador adscrito a la oficina del abogado Jaime Granados”.

No obstante, sería claro con las pruebas conocidas por SEMANA, que no se trató de una “copia de las imágenes forenses del computador y el celular”, sino de “extracciones de información”.

Los argumentos de Granados

El abogado Jaime Granados fue muy claro al señalar que solamente hasta el 30 de septiembre de 2024, recibieron copia original de todos los elementos de los dispositivos electrónicos decomisados a Monsalve por orden del Inpec, en la cárcel La Picota, de Bogotá.

Negando así tajantemente lo dicho por el abogado del senador del Pacto Histórico sobre el hecho que —desde hace mucho tiempo— la defensa del expresidente tuvo acceso a toda esta evidencia probatoria.

“Lo que olvidan las alegadas víctimas es que esta cuestión no sucedió satisfactoriamente por circunstancias externas a esta defensa, pues estos elementos se encontraban en custodia de la Sala de Primera Instancia de la honorable Corte Suprema de Justicia”, señaló el abogado.

Para Granados, lo manifestado públicamente en la audiencia, que se celebró en la mañana de este martes 8 de octubre, no corresponde a la realidad del complejo proceso que se adelanta contra el expresidente.

Señalando que la defensa de Cepeda intentó distorsionar la realidad del relato jurídico ante la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, dando datos erróneos de tiempo, modo y lugar sobre la entrega de las pruebas.

“Aducen citar folios y cuadernos como si estuviéramos en un proceso penal escritural, omitiendo la adecuación del trámite con la finalidad de supeditar su voluntad en el ejercicio defensivo pleno y autónomo al que tiene derecho el doctor Álvaro Uribe Vélez, al mezclar escenarios judiciales, abiertamente distintos, para generar un escenario de confusión”, aseveró.

La defensa del expresidente Uribe está pendiente de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelva la acción de tutela en la que se pide proteger los derechos fundamentales del debido proceso y la defensa.