Defensa del expresidente Uribe pide excluir como prueba interceptaciones telefónicas entre el exmandatario y el abogado Diego Cadena

El abogado Jaime Granados le pidió a la jueza 44 de conocimiento de Bogotá excluir como prueba material todas las interceptaciones telefónicas registradas entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el jurista Diego Cadena.

Para Granados, quien lidera la bancada de defensa del expresidente, estas interceptaciones vulneraron los derechos a la intimidad de Uribe, puesto que fueron realizadas sin justificación alguna.

Por esto, aseguró que generan una “interferencia agravada que afecta el debido proceso”, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta dentro del juicio que se adelantará contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

“A la luz de los estándares internacionales de Derechos Humanos, es claro que la interceptación de comunicaciones telefónicas, dentro del contexto de una investigación penal, se trata de una injerencia muy grave en el ámbito de la vida que está protegida por la Constitución y la ley”, explicó Granados.

En su intervención, en la que presentó sus observaciones a las pruebas solicitadas por la Fiscalía General, el abogado penalista aseguró que estas interceptaciones se realizaron de manera “clandestina” y en contravía de todos los principios constitucionales y legales.

“Rompe en principio de igualdad de armas”, aseveró al indicar que se presentaron graves fallas en su recolección, pues no se atendieron los requisitos que establece la jurisprudencia y la ley.

“Requisitos que acá no se presentaron (...) El no acatamiento de las mismas generan su invalidez”, enfatizó el abogado al considerar que se vulneró el secreto profesional. “Bajo ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del (abogado) defensor”, agregó.

Las comunicaciones entre abogado-cliente están protegidos por la ley y tratados internacionales, hecho por el cual no se pueden vulnerar de buenas a primeras sin una orden judicial o un motivo fundado.

“La consecuencia obvia es la vulneración al debido proceso por prueba ilícita”, precisó el abogado al hacer referencia a las 106 interceptaciones telefónicas mencionadas por la Fiscalía General, de las cuales, 28 son entre Uribe y Cadena.

En este caso, la Procuraduría General también solicitó excluir estas pruebas, asegurando que representan varias vulneraciones a los derechos del exmandatario.

Este miércoles, 9 de octubre, reapareció en la audiencia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto después que se retirara de la audiencia el pasado 2 de octubre alegando falta de garantías procesales.

Las audiencias se adelantan a la espera de la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá frente a la acción de tutela radicada la semana pasada por la defensa del exmandatario, que pide la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y la defensa.

En la acción de tutela, que fue revelada en exclusiva por SEMANA, se advierte que, con el actuar de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, se afectaron los derechos a la defensa del exmandatario.

Esto, al no darles un plazo para evaluar las copias originales de los elementos que se hallaron en los dispositivos electrónicos (un computador y un celular) incautados al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el considerado testigo estrella de este proceso.