Defensa del general (r) Mario Montoya niega que hubiera política de falsos positivos en el Gobierno Uribe

En entrevista con SEMANA, el abogado del general (r) Mario Montoya, Andrés Garzón, negó que hubiera una política de Estado durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe para que ocurrieran falsos positivos en Colombia.

“Esto no es un tema jurídico, aquí lo que hay que darle es respuestas claras al país. Quiero dejar esta inquietud. Resulta que hemos encontrado que los falsos positivos en el más dramático de los informes son 6400, que deben resolverse por supuesto. Y los militares servidores públicos vinculados a esas muertes corresponde a un número cercano a los 3 mil. Ahora bien, si tomamos la cantidad de miembros de la fuerza pública entre 2005 a 2008, que eran unos 300 mil. Esos 3 mil no hacen ni el 1% de toda la Fuerza porque, incluso, son menos de 3 mil”, dijo Garzón en diálogo con SEMANA.

El abogado explicó que no se puede hablar de una “política de Estado” enfocada en falsos positivos, porque, a su juicio, no existió tal cosa. “El 99% de los miembros del Ejército Nacional cumplieron su función cabalmente. Estadísticamente está claro, no lo dice el defensor del general (r) Mario Montoya, no porque lo diga el expresidente Uribe sino porque las cifras son claras, las tiene la Fiscalía y la JEP”.

Su tesis es que Montoya exigía “resultados operativos, distinto a muertes, ojo, eso es muy distinto”, señaló el abogado.

Y agrega que “para ser el determinador de una muerte yo debo introducir en el homicida la idea de matar a otro y eso no fue así. Repito, casi el 100% de los militares en combate no lo hicieron. El país tiene que entender eso y queremos transmitirlo claramente, la exigencia de resultados operativos del general Mario Montoya no es la causa de los falsos positivos. La exigencia no se puede equiparar a presionar para que haya muertes”.

Justamente, este miércoles se lleva a cabo la audiencia de imputación en contra del general en retiro. En las últimas horas, la defensa de Montoya le pidió a la JEP que la investigación en su contra por el escándalo de los denominados falsos positivos quede en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La solicitud presentada ante la JEP busca que se analice un posible conflicto de competencias. “Me dirijo de manera respetuosa ante ustedes con el fin de solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz plantee el respectivo conflicto de competencia suscitado con la Justicia Ordinaria –Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá– para que sea dirimido por la Corte Constitucional conforme al artículo 70 de la Ley 1957 de 2019″, señala el documento radicado por el abogado quien considera que el caso debe ser de única competencia de la JEP.