Defensa Jurídica del Estado solicitó a la JEP investigar y sancionar a las Farc por daños ambientales

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en cabeza de Camilo Gómez Alzate, solicitó de manera formal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar, sancionar, esclarecer y reparar por los graves crímenes ambientales cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) durante el conflicto armado.

A pocos días de que la JEP abra nuevos casos que esclarezcan lo ocurrido durante el conflicto armado, Gómez Alzate, director de la Agencia, envió una carta al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz, exponiendo las razones por las cuales esa jurisdicción está llamada a iniciar un macroproceso encaminado a la sanción de los graves delitos ambientales que cometieron las Farc antes de la firma del acuerdo de paz en diciembre de 2016.

En dicho documento también se presenta información relevante sobre el daño ambiental ocasionado por las Farc en el marco del conflicto armado.

Además, en un comunicado se explica que es de público conocimiento que las Farc perpetraron, durante muchos años y de manera sistemática, atentados terroristas que afectaron gravemente el medio ambiente, ataques contra la infraestructura petrolera que produjeron enormes derrames de crudo y cometieron atentados con cilindros de gas que causaron grave daño ambiental.

El documento también indica que dicho grupo delictivo habría actuado de la mano del narcotráfico siendo cómplices de la deforestación sistemática, protegieron los laboratorios de procesamiento de drogas participando directa o indirecta en el vertimiento de miles de toneladas de insumos químicos sólidos y millones de litros de químicos vertidos en los ríos, y además participaron en el negocio del narcotráfico de manera directa.

Por lo anterior, la Agencia indica que evidentemente las Farc son responsables del grave deterioro ambiental que ese fenómeno delincuencial causó y sigue causando al medio ambiente.

Dichos actos delictivos se encuentran tipificados tanto en el ordenamiento jurídico colombiano como en las normas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Así mismo, los delitos contra el medio ambiente y los graves atentados contra el entorno natural son faltas penalizadas por el régimen de protección de los Derechos Humanos y por el DIH bajo la modalidad de crímenes de guerra y por lo tanto no pueden ser materia de amnistía o indulto, advierte el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en su comunicación a la JEP.

En este sentido, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha señalado que “el impacto de los crímenes puede ser evaluado a la luz, entre otros, de la mayor vulnerabilidad de las víctimas, el posterior terror inculcado a las víctimas o el daño económico, social o ambiental generado a las comunidades afectadas”.

Según la Corte Penal Internacional (CPI) estos graves hechos son conductas que deben ser materia de persecución y castigo, inicialmente por las autoridades judiciales nacionales, aunque siempre con el apoyo y acompañamiento -e incluso, con la competencia residual- de ese tribunal universal.

Lo anterior implica que las autoridades judiciales del sistema de justicia transicional están obligadas a investigar, juzgar y sancionar estas graves conductas cometidas por los miembros de las Farc.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en su comunicado, expresó que se encuentra a la espera que su solicitud sea acogida y atendida con prontitud por la JEP.