Defensor del pueblo advierte que fin del cese al fuego con el Clan del Golfo es un ultimátum para los demás grupos armados

El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo hincapié en que el Estado debe tomar medidas contundentes y decididas frente a las acciones violentas que los grupos armados ilegales están llevando a cabo contra las comunidades en los territorios, luego de la determinación del presidente Gustavo Petro de suspender el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo.

Asimismo, Camargo aseguró que el fin del cese bilateral con el Clan del Golfo es una advertencia para otros grupos armados que aún forman parte del proceso de ‘paz total’, para que muestren gestos reales de paz.

“Si los grupos armados ilegales burlan el anhelo de paz de los colombianos, es deber del Estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios. El Estado no puede omitir su deber de proteger y garantizar los derechos de las personas”, aseguró el defensor Camargo.

La Defensoría había venido alertando que el Clan del Golfo ha estado ejerciendo presiones sobre la población civil en la subregión del sur de Bolívar, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, como homicidios selectivos, extorsiones, restricciones a la movilidad, cobro de tributos ilegales, control sobre la minería ilegal y la utilización de niños, niñas y adolescentes para actividades ilegales.

Además, en regiones como el Bajo Cauca, sur de Córdoba, sur de Bolívar y el Magdalena Medio, grupos como el ELN, el Clan del Golfo, las facciones disidentes de las FARC y grupos de crimen organizado siguen generando grandes riesgos para la población civil, afectando a los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC) con conductas vulneratorias de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Para el defensor del pueblo, resulta evidente que “los grupos armados no están demostrando gestos genuinos de paz ni han expresado pruebas fehacientes de respetar a la población civil, pues se mantienen las acciones hostiles contra la población civil, particularmente contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes”.

Por lo tanto, “el Estado tiene el deber de reprimir con la fuerza todas las acciones violentas que vulneren los derechos y libertades ciudadanas que afecten la convivencia pacífica, para ello debe adoptar medidas efectivas y oportunas de seguridad para proteger a la población de las agresiones y violaciones de sus derechos por parte de los grupos armados ilegales y grupos delictivos organizados”, enfatizó Camargo.

De hecho, sobre lo que venía ocurriendo, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana luego de que el Clan del Golfo declarara “objetivo militar” al municipio de La Esperanza, en Norte de Santander.

A través de panfletos y audios enviados por redes sociales, se mencionaba que llevarán a cabo una “limpieza social” contra consumidores de drogas y que asesinarán a aquellos que no cumplan con sus reglas.

El bloque Arístides Meza Páez, del frente Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, mostró su interés de extender su presencia desde Puerto Wilches, Barrancabermeja y Sabana de Torres, en Santander, a municipios como La Esperanza, en Norte de Santander; y San Alberto y San Martín, en el departamento de Cesar.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, emitió la Alerta Temprana de Inminencia y solicitó al Ministerio del Interior que se proteja a los residentes en los sectores urbanos de La Feria I, Feria II, Santa Inés, San Antonio, Caño Hacienda y Tienda Nueva y en el corregimiento La Pedregosa.

“La situación es crítica y ya se han registrado graves hechos de violencia en esa población. El pasado 25 de enero, por ejemplo, fueron asesinados cinco jóvenes que, presuntamente, estaban consumiendo marihuana en un punto conocido como La Batea, en el barrio La Feria”, recordó Camargo.

Supuestamente, el cese bilateral al fuego acordado con el Gobierno exigía, según el comunicado de Presidencia, “suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas”. Nada de eso se cumplió.