Nación
Defensor del Pueblo asegura que alrededor de 7.000 colombianos podrían ser deportados o retornados de Venezuela, ¿por qué?
Ante esta situación, la entidad instó a las autoridades a formular planes de contingencia para el posible retorno de colombianos por la frontera.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, realizó un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales en Vichada y Guainía para que formulen y activen planes de contingencia, ante la posibilidad de una deportación o retorno eventual de alrededor de 7.000 colombianos desde Venezuela.
Según información recopilada por la Defensoría del Pueblo, estos compatriotas se encuentran trabajando en las minas de extracción aurífera en el Parque Nacional Cerro Yapacana, en el estado Amazonas del país vecino.
“Sus labores, directas o indirectas, los exponen a la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad, libertad, seguridad o vida. Comunidades indígenas, población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, niñas, niños y adolescentes están en riesgo”, asegura la entidad.
“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos la Alerta Temprana 003 del 2023, en la que advertimos no solo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana”, indicó el defensor Carlos Camargo.
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Las minas de Yapacana, ubicadas relativamente cerca de Inírida, a tres horas por vía fluvial, son atractivas para personas de toda la región de la Orinoquía, ya que les proporcionan un medio de subsistencia a pesar de la presencia de grupos armados al margen de la ley. En caso de producirse una deportación masiva, según la Defensoría, esto se convertiría en el mayor éxodo de las últimas décadas, con los departamentos de Vichada y Guainía como principales puntos de recepción.
Sin embargo, los lugares mencionados no cuentan con las capacidades suficientes para hacer frente a un éxodo de tal magnitud. Esto podría resultar en una crisis humanitaria, ya que los habitantes de estas regiones se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, como advierte Carlos Camargo.
“Las comunidades de los ríos Atabapo y Guainía, el resguardo El Paujil, la ciudad de Inírida, sus áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe, serían los principales centros receptores de población. Pero estos lugares no pueden responder a un éxodo de gran magnitud, no cuentan con las capacidades suficientes. Estaríamos frente a una crisis humanitaria, pues sus habitantes, además, están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”, advirtió el defensor del Pueblo.
Las operaciones militares iniciadas a finales de 2022 por tropas del país vecino habrían llevado a la captura de ciudadanos colombianos. Además, algunos de los puntos de extracción, al tratarse de una actividad ilegal que amenaza los territorios y el medio ambiente, podrían estar en proceso de cierre o regulación.
“Instamos a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que les sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a nuestros connacionales que puedan ser detenidos en el desarrollo de los operativos en Yapacana”, fue el llamado del defensor Camargo a la entidad colombiana que dirige la política exterior y las relaciones diplomáticas de Colombia.
Así mismo, le hizo un segundo llamado: “También le solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en la frontera entre el departamento de Guainía y el estado Amazonas de Venezuela, desde un enfoque preventivo, de protección y humanitario”.
Además, pidió la apertura de los consulados en San Fernando de Atapabo y Puerto Ayacucho, así como del consulado de Venezuela en Inírida.
