Defensor del Pueblo le pide al alto comisionado de Paz conocer el protocolo con disidencias de las Farc

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo, le solicitó a la Oficina del alto comisionado para la Paz que le dé a conocer de manera oficial el protocolo establecido por el Gobierno y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, en el marco del cese bilateral al fuego.

El objetivo, según Camargo, es hacer seguimiento y monitoreo correspondiente, según lo establece la Constitución, como Institución Nacional de Derechos Humanos.

“Una vez conozcamos los detalles del protocolo, desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas, procederemos a incorporarlos a nuestro ejercicio de monitoreo y seguimiento en lo relacionado con este grupo armado ilegal. Estaremos atentos a que se presenten los protocolos con los otros tres grupos con los cuales el Gobierno Nacional decretó cese el fuego”, aseguró Carlos Camargo, durante el Seminario Internacional Paz Total, organizado por la Defensoría del Pueblo y la Universidad Católica.

En dicho seminario, el defensor del Pueblo reiteró el compromiso de su despacho para acompañar todos los esfuerzos de paz que viene impulsando el Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

“Así mismo, reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales a frenar cualquier acción que afecte a la población civil y dar claras muestras de paz”, dijo Camargo.

“La ‘paz total’ empieza por el cese total de las hostilidades y el respeto por la población civil”, recalcó el defensor.

“No se trata únicamente de un cese al fuego, sino de un cese de todas las actividades que impliquen ataques a la población civil como las extorsiones, las amenazas, los secuestros. Si no se respetan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario no puede hablarse de hostilidades e inicios de la paz”, aseguró.

Sostuvo el funcionario que la agenda de paz no puede ser indiferente ni el Gobierno Nacional omisivo frente a la continuidad de acciones armadas indiscriminadas que violen el principio de distinción, victimizando a la población civil.

“La paz demanda la materialización innegociable de acciones palpables, por parte de todos los actores, en favor de las víctimas. Cualquier norma y política sobre paz que se proponga, debe centrarse en el derecho de las víctimas y la población civil en general, a una vida libre de violencias y a la no repetición”, señaló Camargo.

Y puntualizó: “finalmente, reitero mi compromiso como facilitador y promotor del diálogo, pero también como principal veedor y vigilante especializado de las garantías y los derechos humanos de la población civil y de las víctimas de Colombia”.

Desde que se inició el cese al fuego con varios grupos al margen de la ley el pasado 1 de enero, la Defensoría del Pueblo ha hecho monitoreo permanente para evitar violaciones a lo pactado.

Hoy, el Gobierno y las disidencias de las Farc pactaron un protocolo para verificar cese al fuego bilateral.

“El mecanismo tendrá un nivel nacional y un nivel local, que incluirá a delegados del Ministerio de Defensa, de la Oficina del alto comisionado para la Paz y un componente internacional. Así mismo, contará con el acompañamiento de miembros acreditados de la sociedad civil, la Iglesia Católica y otras expresiones de iglesias”, señala el comunicado.

Dentro de lo que se pactó entre las partes, según indicaron las dos entidades, se señala que hombres del Estado Mayor de las Farc no pueden hacer los patrullajes que han realizado recientemente en Nariño, Cauca, Norte de Santander y Antioquia.

“El Protocolo dentro de sus lineamientos prohíbe el tránsito o permanencia del grupo armado Estado Mayor Central FARC-EP en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil”, indicó el Gobierno.

Así mismo, se explica que, “como en los demás ceses, no se suspende el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho. La fuerza pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional, así como tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado”.

También el Gobierno, a través del alto comisionado y el Ministerio de Defensa, afirma que, “este Protocolo firmado entre el Gobierno Nacional a través del alto comisionado para la Paz y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, a través de su jefe de delegación, busca ser un instrumento para el desescalamiento de la confrontación armada y una herramienta de facilitación para el proceso de negociación entre las partes”.