Defensor del Pueblo pide a disidencias de Farc ser consecuentes cuando hablan de paz: “Refundación del Frente 53 es un retroceso”

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación por el anuncio de la Segunda Marquetalia, grupo disidente de las Farc, de la refundación del Frente 53 en Cundinamarca, Vichada y Guaviare.

“El anuncio de las disidencias de las Farc de la refundación del Frente 53, en Cundinamarca, Vichada y Guaviare, es un retroceso para el bienestar y la tranquilidad del país y de los habitantes de estos departamentos, así como en los pasos que nos buscan llevar a la paz”, aseguró el defensor Carlos Camargo.

Según el defensor del Pueblo, “los verdaderos gestos de paz se dan con la destrucción de las armas y el mejoramiento social de una población afligida”.

“Al contrario, armando a más hombres y mujeres se aumenta el riesgo y las posibilidades de violar los derechos, el respeto a la vida y de que la comunidad sufra por delitos como los desplazamientos, el reclutamiento forzado, extorsiones y los homicidios selectivos, por ejemplo”, enfatizó el funcionario.

Y es que en estos tres departamentos la violencia y los grupos armados ilegales, como estas disidencias, “originan riesgos y cometen ataques contra la población civil”.

Precisamente, hace pocos días, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 012-23 debido a una serie de acciones violentas de las que han venido siendo objeto los habitantes de los municipios de Calamar, Miraflores, El Retorno y San José (Guaviare), atribuidas a la disputa por la división entre integrantes del Frente Primero Armando Ríos de las disidencias de las Farc.

Esta alerta informa sobre eventos que tuvieron lugar durante los primeros meses del año y la primera semana de abril, lo que indica que las comunidades están siendo víctimas de violaciones sistemáticas y silenciosas de los derechos humanos. En estas poblaciones se han registrado nueve homicidios, una gran cantidad de amenazas y desplazamientos, la renuncia o abandono de cargos por parte de miembros de las Juntas de Acción Comunal, extorsiones y abusos graves contra menores de edad.

Además de las tres regiones mencionadas, también se han emitido alertas recientes para Meta, Guainía y Huila debido a los ataques, secuestros y restricciones a la movilidad por parte de las disidencias de las Farc durante los combates. Recientemente, también se puso en evidencia el desplazamiento forzado de 10 familias indígenas en Vaupés. Por ejemplo, en la Alerta Temprana de Inminencia 010-2023, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo para los habitantes de los corregimientos de Vegalarga y Río Ceibas, en la zona oriental de Neiva, y en las áreas cercanas de los municipios de Tello y Baraya, en Huila.

En el caso de Guainía, advierte el grave riesgo que padecen los habitantes de los municipios de Inírida (casco urbano, zona del puerto, Resguardo El Paujil y asentamientos Informales). En cuanto a Meta, son al menos 26.000 habitantes de los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral los que se encuentran en alto riesgo de afectaciones a sus derechos humanos.

La presencia de las disidencias de las Farc en todo el país es preocupante, y la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de 136 alertas tempranas entre 2017 y 2022 debido a la presencia o acciones de estas facciones, lo que corresponde al 52% del total de las alertas tempranas emitidas en ese periodo. La presencia de estos grupos armados ilegales representa un grave riesgo para la población civil y para los derechos humanos, puntualiza la Defensoría.

“Por todo esto, consideramos que es urgente y crucial que se adopten medidas para proteger a las comunidades y que con este grupo armado ilegal prevalezca el diálogo y no el rearme. Y, a su vez, que demuestren con hechos que, en realidad, como lo dijeron en un comunicado, buscan la justicia social, la democracia y la soberanía”, concluyó Camargo Assis.