Defensor del Pueblo pide que en mesas de diálogo con grupos armados se dé prioridad a la protección de líderes sociales

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó un informe sobre los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurridos durante el primer trimestre de 2023 en Colombia. Durante este período, 35 personas fueron asesinadas, una alarmante cifra.

“Esta es una cifra lamentable, triste y que golpea a las familias de estas personas y a las comunidades por las que trabajaban, porque es muy diciente que la mayoría, 19 de ellas, eran reconocidas como líderes comunales y líderes comunitarios, es decir, quienes hacían una vocería y lucha permanente por el bienestar de sus vecinos en los barrios o en las veredas, donde ahora queda un gran vacío”, señaló el defensor Camargo.

Camargo Assis enfatizó en la necesidad de que todos los acercamientos o las mesas de diálogo entre el Gobierno y los grupos armados ilegales prioricen la protección de los líderes sociales, “que se entienda que su labor es humanitaria y son necesarios para visibilizar y buscar soluciones a los diferentes problemas sociales que aquejan a las comunidades, particularmente en los territorios donde las mismas organizaciones armadas tienen presencia”, indicó Camargo.

El informe también reveló que, por sector social, las víctimas fueron líderes comunales, líderes comunitarios, líderes indígenas, líderes campesinos, líderes LGTBIQ, líderes sindicalistas, líderes afrocolombianos, activistas en derechos humanos, funcionarios públicos, líderes del sector de las víctimas del conflicto y líderes dedicados a la defensa de los derechos juveniles y de la infancia.

De acuerdo con los datos expuestos por la entidad, los departamentos del suroccidente del país que reportaron el mayor número de homicidios, siendo el mes de marzo el más violento del primer trimestre, fueron: Nariño (seis casos), Cauca (cinco), Valle del Cauca (tres); Cesar (dos), Bolívar (dos), Sucre (dos) y Magdalena (dos), y de a un caso de homicidio en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Santander, Antioquia, Chocó, Caldas, Boyacá, Putumayo y Caquetá.

En enero mataron a 12 líderes, en febrero hubo nueve víctimas y para marzo ocurrieron otros 14 homicidios, siendo este último mes el más violento del primer trimestre.

A pesar de que hubo una disminución en el número de casos en comparación con los primeros 90 días de 2022, donde se reportaron 59 líderes asesinados. “La disminución en el número de casos no es para celebrar, sino, por el contrario, para que la institucionalidad del Estado siga trabajando en la búsqueda de mecanismos que permita acabar con este tipo de crímenes en el país”, enfatizó el defensor.

De igual forma, Camargo Assis hizo un llamado a los grupos armados para que cesen toda acción contra la población civil y, en particular, contra quienes ejercen liderazgo en sus comunidades. Es importante mencionar que los datos indican que el número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido alarmante en años anteriores, y en 2022 fue el año más violento con 215 homicidios. “Es necesario que se tomen medidas efectivas para proteger a estas personas y evitar que sigan siendo víctimas de la violencia en Colombia”, puntualizó.

Cabe recordar que, en días pasados, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana para evidenciar la situación de riesgo y violación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que enfrentan los habitantes del municipio de Bagadó, en Chocó, debido a las acciones del grupo armado ilegal ELN.

En Bagadó, el Frente de Guerra Occidental Manuel Hernández ha aumentado su presencia y fortalecimiento en los últimos dos años, de acuerdo con la entidad.

La alerta detalla el riesgo al que se enfrenta la comunidad, incluyendo a comerciantes, el colectivo afrocolombiano del Consejo Comunitario de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y el Resguardo indígena Tahami Alto Andágueda de la etnia emberá Katío.

La Defensoría del Pueblo encontró un aumento de amenazas e intimidaciones contra la población civil, así como extorsiones y la siembra de artefactos explosivos.