Defensor del Pueblo propone una profunda reforma penitenciaria para evitar fuga en cárceles

Los recientes escándalos por la fuga de presos de las cárceles del país como el caso del narcotraficante Juan Lárinson Castro Estupiñán, alias Matamba, quien se evadió de la cárcel La Picota, de Bogotá, el pasado 18 de marzo, ha llevado a varios sectores a proponer una profunda reforma al sistema penitenciario para evitar que se repitan hechos como este.

En ese sentido, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, propuso una reestructuración que permita, entre otros, cumplir con los estándares de calidad de parte de los guardias encargados de la custodia de las personas privadas de la libertad.

La iniciativa fue planteada durante el foro ‘La crisis de hacinamiento carcelario: avances y retos para su superación’, en el que participaron el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Inpec y la Uspec.

Para el titular de ese despacho, la crisis humanitaria generada por el grave problema de hacinamiento se trasladó desde los establecimientos de reclusión del orden nacional a las estaciones de Policía, lo que representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de la libertad y para la Policía Nacional que hoy ejerce la custodia.

“La crisis carcelaria, sumada a los hechos acontecidos en días pasados, pone de relieve la necesidad de adelantar una reforma legislativa que reoriente el sistema carcelario y penitenciario para que le devuelva a la sociedad la confianza en sus instituciones, y que permita el cumplimiento de las finalidades de custodia y protección de los derechos humanos”, dijo Camargo.

Señaló que en los próximos días, de manera particular, la Defensoría del Pueblo dará a conocer un informe sobre las condiciones de derechos humanos y hacinamiento en los centros de detención transitoria de todo el país, para que las autoridades competentes tomen medidas urgentes sobre este asunto.

“Se requiere de una política criminal que se enfoque en la prevención de los delitos, que facilite la rehabilitación y que permita romper con el ciclo delictivo que va de la cárcel a la reincidencia. Necesitamos una política criminal seria y coherente, que realmente sea útil en la tarea de brindar condiciones de seguridad a la ciudadanía pero sin descuidar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, enfatizó Carlos Camargo.

Según indicó en la actualidad, los índices de hacinamiento en los centros de reclusión a cargo del Inpec se elevan a 20,6 %, lo que representa una sobrepoblación de 16.621 personas privadas de la libertad, para la capacidad de cupos que asciende a 80.647.

Para la Defensoría del Pueblo, este nivel de hacinamiento para la generalidad de los centros de reclusión es inferior a los porcentajes registrados en los años previos a la pandemia de la covid-19, situación que ha generado, además, que la crisis humanitaria se haya trasladado hoy a los Centros de Detención Transitoria.

Señaló que allí (URI de la Fiscalía y estaciones de Policía), se evidencia una sobrepoblación de aproximadamente 17.647 personas frente a la capacidad máxima instalada, que representa una cifra de hacinamiento de 217,4 %.

El hacinamiento tanto en los centros de detención como en las cárceles y penitenciarías repercute negativamente en todos los aspectos de la vida y dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

Advirtió que esto les impide el acceso efectivo a los servicios básicos como la prestación del servicio de salud, a procesos de rehabilitación y reinserción social, la calidad de la alimentación que reciben y la existencia de espacios habitables adecuados que garanticen condiciones de salubridad.

Para esa entidad, pese a los esfuerzos estatales para la superación de esta crisis, ello no ha sido suficiente.

“Observamos con preocupación que la política criminal del Estado colombiano se ha caracterizado por la creación de nuevos delitos dentro del Código Penal y en un incremento generalizado de las sanciones existentes, y esto ha generado inevitablemente un colapso de las cárceles y penitenciarias, sin que se pueda advertir una verdadera disminución en los índices de criminalidad”, aseguró el defensor del Pueblo.

A juicio de Camargo, “es por esta razón que urge una reforma al sistema penitenciario y carcelario que le asegure a la ciudadanía que las funciones de custodia y vigilancia respecto a las personas privadas de la libertad se cumplan con los más altos estándares de calidad, para evitar cualquier riesgo de fuga”.

“Pero no basta con que se garanticen las condiciones de seguridad, sino que requerimos un sistema que se oriente al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que de esta manera pueda permitir que se lleve a cabo el proceso de resocialización, el paso más importante para evitar que se vuelva al ciclo de la criminalidad”, puntualizó.

Entre tanto, el presidente de la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada (Confevip) hizo un nuevo llamado al Gobierno nacional, para hacer una reforma estructural y blindar al sistema carcelario de la corrupción y se permita la construcción de centros penitenciarios operados por el sector privado.

“Lo que ha ocurrido con alias Matamba vuelve a poner en el ´ojo del huracán´ el desempeño idóneo del Inpec, frente a la seguridad de los centros carcelarios, nosotros desde el sector de la seguridad hemos ofrecido la construcción y vigilancia de estos centros; tenemos el equipo humano que hoy está capacitado con idoneidad y así blindar al sistema, contra la corrupción”, señaló.