Defensor del Pueblo sobre consumo de drogas en parques: “No se puede privilegiar bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad”

En medio de la reciente derogación del Decreto 1844 del 2018, que confería facultades a la Policía Nacional para combatir el microtráfico en espacios públicos, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, alzó su voz frente a la decisión que, a su criterio, pone en vilo los derechos de los menores de edad. Además, exhortó al Gobierno nacional a reconsiderar la decisión.

El defensor del Pueblo expresó su preocupación por la derogación del decreto, el cual contaba con respaldo legal de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

“Es importante recordar al señor presidente que el decreto, recientemente derogado por el Gobierno nacional, no solo se sustenta en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que en concreto el Consejo de Estado revisó su legalidad y constitucionalidad y negó la solicitud de nulidad en sentencia del 30 de abril del 2020, considerando que ese decreto, el 1844 del 2018, se ajustaba a la ley y a la Constitución”, indicó Camargo Assis.

Según Camargo Assis, este instrumento legal estaba destinado a aplicar “medidas correctivas” en espacios públicos, con el “objetivo de prohibir y sancionar la posesión, entrega, distribución o comercialización de drogas, especialmente en lugares frecuentados por menores”.

“Es incomprensible que, por sobre la protección de la niñez y la familia, se privilegie el uso del espacio público, incluidos los parques de recreación infantil, para el ejercicio de prácticas nocivas bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad. La obligación de protección y de educación a cargo del Estado y la sociedad no se limitan a la escuela, sino que se reflejan en las prácticas que el Estado incentiva o autoriza en los espacios públicos”, señaló el defensor.

Camargo Assis señaló que el aumento en el consumo de estupefacientes, particularmente el microtráfico, representa una grave amenaza para la niñez y la juventud. Además, destacó la vinculación de menores de 16 años a grupos delincuenciales, poniendo de manifiesto la necesidad de combatir esta problemática para evitar la victimización de los niños y niñas.

El Defensor del Pueblo subrayó que la protección de la niñez debería ser la principal preocupación del Gobierno, especialmente frente a las redes criminales que los reclutan o utilizan en cadenas del narcotráfico. También hizo un llamado a los alcaldes para que actúen como garantes en la atención y cuidado de los niños, resaltando que los derechos de los menores de edad gozan de especial protección constitucional.

“Por ello es preciso remarcar nuestro mensaje: resulta indispensable hacerle un llamado al Gobierno para recordarle el interés prioritario que convocan las niñas y los niños. Es un principio constitucional del más alto nivel, principio que implica ineludiblemente su protección, principalmente de aquellas conductas que los ponen en grave riesgo”, afirmó.

Para el funcionario, a partir del microtráfico, “se generan los recursos que dan lugar al tráfico de activos ilícitos, y con ello, a todo el entramado de corrupción, violencia e incluso agudización del conflicto armado”.

En el contexto, Camargo Assis advirtió hizo otro llamado, esta vez a los alcaldes, ya que estos pueden regular en qué espacios públicos de sus municipios se puede consumir sustancias psicoactivas.

“Los alcaldes son los llamados a servir como garantes en la atención y cuidado de los niños, niñas y adolescentes. No podemos olvidar que, sobre cualquier consideración, los derechos de los menores de edad son de especial protección constitucional, por lo tanto, priman sobre los derechos de los demás”, enfatizó el defensor del Pueblo.