Nación
Defensor del Pueblo sobre la ‘paz total’: “es posible si los grupos armados ilegales renuncian a combatir entre ellos mismos”
Las disputas entre las estructuras armadas por el control territorial tienen a la población civil en permanente riesgo.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, emitió un apremiante llamado a los grupos armados ilegales del país para que cesen sus enfrentamientos internos y contribuyan a la construcción de la paz. En una declaración, el defensor Camargo enfatizó que la ‘paz total’ en Colombia es posible si los grupos armados ilegales renuncian a combatir entre ellos mismos.
“Solo de esta manera, con la voluntad que puedan mostrar las estructuras al margen de la ley de renunciar a las hostilidades generadas por la disputa del control territorial y social, los colombianos, particularmente las comunidades que habitan en las zonas donde el conflicto arrecia, podrán respirar verdaderos vientos de paz”, indicó Camargo Assis.
El funcionario también hizo un llamado a todos los grupos armados, incluyendo aquellos que no forman parte de las mesas de negociación, a detener la violencia interna: “Mi llamado es a que todos los grupos, no solamente los que están en fases exploratorias y en conversaciones que han arrojado resultados significativos, también aquellos que no forman parte de las mesas, no se sigan afectando entre sí mismos. Principalmente, porque no se les puede olvidar que la población civil siempre es la más perjudicada con el accionar de las armas”, agregó.
Precisamente, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias Alertas Tempranas de Inminencia (ATI) en las últimas semanas, advirtiendo sobre los riesgos en varios territorios del país. Los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, La Guajira, Arauca y Chocó son algunas de las regiones más afectadas por la violencia interna de los grupos armados.
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En municipios como Miranda y Corinto en el Cauca, así como Pradera y Florida en el Valle del Cauca, se han registrado combates entre el ELN y la Segunda Marquetalia contra el frente Dagoberto Ramos, lo que ha generado una situación de riesgo para la población local.
En Nariño, los municipios de Los Andes-Sotomayor y La Llanada han sido escenario de enfrentamientos entre el Estado Mayor Central y el ELN, resultando en desplazamientos y la presencia de minas antipersonal en la zona.
El Caquetá también enfrenta la violencia interna entre el EMC y la Segunda Marquetalia, lo que ha llevado a homicidios selectivos, amenazas y restricciones a la movilidad, afectando gravemente a las comunidades locales.
Por su parte, en La Guajira, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el frente Francisco José Morelos Peñate de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo están en conflicto por el control territorial de la Troncal del Caribe, lo que ha obligado al desplazamiento de familias en la zona.
Arauca también ha experimentado combates entre el Estado Mayor Central y el frente de Guerra Oriental del ELN, lo que ha llevado al confinamiento y desplazamiento de familias.
“Al Estado Mayor Central, si tiene una real intención de adelantar un proceso de negociación, a propósito de los diálogos exploratorios que adelanta con el Gobierno Nacional, cese de manera inmediata cualquier afectación a los derechos de las comunidades”, le exigió Camargo Assis a esa disidencia de las antiguas Farc.
Chocó no se queda atrás. La población civil en Río Iró se encuentra amenazada por los enfrentamientos entre el ELN y las AGC, que buscan controlar corredores estratégicos de movilidad y actividades ilegales como el narcotráfico y la minería.
“Las comunidades siempre terminan pagando los platos rotos de la irracionalidad. Desplazamientos, confinamientos, amenazas contra su vida e integridad, vulneración de sus derechos a la alimentación, salud, libre movilidad, al trabajo, afectaciones a otros de sus derechos económicos y sociales, y en el peor de los casos: homicidios”, reclamó Camargo Assis.
El defensor del Pueblo, pese a la actual situación de orden público, “valora los esfuerzos” del Gobierno Nacional y expresó que “reconocemos lo que el actual Gobierno está haciendo para alcanzar la anhelada paz para Colombia, país que tanto la clama y reclama; reconocemos también los gestos de aquellos grupos que forman parte de las mesas de negociación, pero necesitamos, y lo reiteramos, que todas la estructuras armadas dejen de combatir entre ellas. La barbarie tiene que parar”.
