Nación
Defensor propone crear programa integral para evitar que jóvenes caigan o retornen a redes criminales; ¿de qué trata la propuesta?
De acuerdo con la entidad, el programa debe extenderse a todas las regiones, especialmente a aquellas donde las comunidades han sido más afectadas por la violencia.
Para evitar que los jóvenes caigan en las manos de redes delincuenciales en el país, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hace un llamado a la institucionalidad para crear un programa integral que tenga como objetivo “generar oportunidades de educación y empleo digno” para los jóvenes en diferentes regiones. El propósito de esta iniciativa, de acuerdo con el funcionario, es evitar que los menores se vinculen o reincidan en redes que los instrumentalizan en actividades violentas o criminales.
La propuesta del defensor Camargo busca formar “vínculos institucionales” sólidos y ofrecer “alternativas reales de trabajo” en las regiones, especialmente en aquellas donde la falta de oportunidades, debido al contexto socioeconómico, “deja a las nuevas generaciones sin otra opción que terminar siendo cooptados por actores armados al margen de la ley”.
Este programa tendría un enfoque de apoyo a los jóvenes más pobres, los Consejeros de Juventud y aquellos que ejercen liderazgo en sus comunidades. También se plantea favorecer a los jóvenes que están cumpliendo sanciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa), con el objetivo de brindarles un verdadero incentivo para mantenerse en la legalidad y promover la convivencia pacífica.
Carlos Camargo Assis enfatiza que, para aquellos jóvenes que permanecen en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, un programa como este se convertiría en una garantía de resocialización y prevención de la reincidencia.
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“En el caso de aquellos jóvenes que permanecen al Sistema de Responsabilidad Penal, un programa de esta naturaleza es una garantía de resocialización y de prevención de la reincidencia, pues con ello, apenas cumplan su sanción, que puedan retornar a la sociedad, pero con una capacidad y posibilidad verdadera y efectiva de obtener empleo”, asegura el defensor del Pueblo.
Desde el año pasado, el funcionario público ha destacado la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Juventudes (SNJ), que incluye instancias como los Consejos de Juventud y las Plataformas de Juventud. A través del SNJ, se promueve la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones que los afectan, se fortalece la institucionalidad y se construye confianza.
“Para esta iniciativa que proponemos, toda la institucionalidad del Estado deberá tomar en cuenta al Sistema Nacional de Juventud, construyendo desde lo que ya está construido. Con un programa como este se legitimará a los jóvenes ante la institucionalidad, y también se legitima a la institucionalidad ante los jóvenes; es decir, se construye confianza mutua, tan importante para llevar a cabo estos esfuerzos”, sostiene.
La estrategia, enfatiza Camargo, requiere la articulación de todo el Estado: “Debe extenderse a las comunidades que han sido y continúan siendo vulneradas por la violencia urbana, como es el caso de Buenaventura, donde recientemente el Gobierno Nacional les hizo una propuesta a los jóvenes de ese distrito especial, marcado seriamente por profundas problemáticas sociales que terminan impulsándolos a formar parte de la ilegalidad”.
El programa debe estar enmarcado en una estrategia de prevención integral. “Igualmente, y no menos importante, que brinde alternativas y le haga frente a la deserción escolar; también necesitamos prevenir que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean tentados por los actores generadores de violencia en el país”, destaca el defensor.
Con la expectativa de que este programa sea duradero, “se contribuiría a que sea mitigado el riesgo evidente de vulneraciones a los derechos de la población civil en los distintos territorios de la geografía nacional, incluido Buenaventura, donde persisten tres escenarios de riesgo: las estructuras que se están disputando el control territorial urbano, el conflicto en el Bajo Calima entre grupos armados y los enfrentamientos de distintos actores ilegales en zona de los consejos comunitarios que bordean la cuenca del río Yurumanguí”.
