Defensora de DDHH denuncia presuntos seguimientos y amenazas de funcionarios de la Unidad Nacional de Protección y Dirección Nacional de Inteligencia

A través de un oficio dirigido a la Unidad Nacional de Protección, la fiscal 211 Heydi Cure Vergara advierte una situación de riesgo por amenazas contra de defensora de Derechos Humanos y representante de comunidades de víctimas del conflicto, Giomar Patricia Riveros Gaitán.

En la comunicación conocida por SEMANA, la fiscal Cure Vergara le informa a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que recibió una denuncia en la que la defensora de Derechos Humanos, Giomar Patricia Riveros Gaitán, advierte amenazas en su contra por presuntos funcionarios de la UNP y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Sin dar mayores detalles, las presuntas amenazas se habrían producido el pasado 25 de enero.

“Es de anotar que por estos hechos existe noticia criminal por el delito de amenazas contra defensores de Derechos Humanos y Servidores Públicos art.188E asignada a la Dirección Seccional Bogotá, Fiscalía 19, por lo cual se solicita dentro de sus competencias, valorar la situación de riesgo y brindar las medidas de protección a las que haya lugar a las víctimas”, se lee en el documento en poder de SEMANA.

La fiscal le recuerda a la UNP que Riveros Gaitán cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual es extensiva a su familia.

SEMANA se comunicó con la defensora de Derechos Humanos, pero su abogado explicó que no hará ningún pronunciamiento al respecto.

Otra de las denuncias que se lanzó en las últimas horas contra la UNP se hizo a través de un trino de la cuenta de ANALTRASEG, uno de los 19 sindicatos que tiene la entidad.

En el trino se lee: “Para todos, sabían que los de la primera línea que salieron libres, GOZAN de camioneta Blindadas y escoltas de la @UNPColombia. Que salga a desmentir el director si estamos mintiendo. ¡Qué vergüenza!”.

SEMANA se comunicó con la UNP y allí uno de sus voceros dijo: “El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha dicho que, en su momento, con respecto a los líderes de primera línea nombrados como gestores de paz, si tienen algún riesgo se solicitará su protección. Por ahora, ninguno tiene protección”.

En los últimos meses, la Unidad Nacional de Protección en cabeza de Augusto Rodríguez ha estado en el ojo del huracán por los constantes escándalos de corrupción que han rodeado a la entidad durante los últimos años.

Incluso, el pasado mes de diciembre, SEMANA reveló un duro enfrentamiento que tuvo Rodríguez con algunos de los 19 sindicatos que tiene la entidad.

La historia comenzó el 12 de septiembre cuando Rodríguez, luego de posesionarse como director, decidió convocar a los presidentes de los 19 sindicatos que tiene la entidad a una reunión en la que planteó sus ejes estratégicos.

Ese día les informo que uno de sus proyectos era lograr la formalización del contrato laboral para los cerca de 9 mil escoltas tercerizados que hoy tiene la unidad.

También les habló de la posibilidad de adquirir o contratar una nueva flota de vehículos, pues en la UNP alrededor de 4.500 vehículos, entre convencionales y blindados, son arrendados, en un negocio concentrado en algunas empresas y cartelizado, según lo ha denunciado Rodríguez.

En la reunión, Rodríguez les explicó que por orden del presidente Petro, la UNP asumiría las funciones de protección hasta ahora ordenadas a la olicía, cuando esta saliera de la tutela del Ministerio de Defensa.

La charla con los sindicalistas terminó con una tajante advertencia: la nueva administración no tolerará actos de corrupción y buscará por todos los medios limpiar la imagen de la entidad.

Algunos dirigentes sindicales recibieron con optimismo y expectativa las nuevas reglas de juego, otros se declararon escépticos.

Días después de la cumbre, el 11 de octubre, seis sindicatos, afiliados a la CUT, convocaron a un “mitin informativo” que terminó convertido en un paro de actividades de las oficinas centrales de la UNP.

SEMANA conoció que ese día los sindicalistas maltrataron al director, e incluso, cuando este intentó ingresar a su despacho, fue retenido brevemente y sus hombres de confianza tuvieron que montar un operativo para rescatarlo porque los activistas inmovilizaron el vehículo asignado a su seguridad.

Los sindicalistas bloquearon las puertas de la entidad durante varias horas hasta que llegaron dos inspectores del Ministerio de Trabajo, que mediaron para que la situación de paro fuera levantada.

Los inspectores del MinTrabajo le recordaron a los sindicalistas que sus contratos laborales están firmados con las empresas contratistas y no con la UNP, lo que significaba una grave falta.

Del total de trabajadores directos e indirectos de la UNP, que son alrededor de 11.000, apenas 2.000 están afiliados a los 19 sindicatos, lo que, según voceros de la entidad, tiene sus implicaciones en materia de fuero sindical, permisos sindicales remunerados y días cesantes.

El documento interno que revela los graves hechos que vivió el director de la entidad, Augusto Rodríguez, tiene también una clara y gravísima denuncia contra algunos dirigentes sindicales.

“Hay otro factor que hace especial a los sindicatos de la UNP. Si bien es cierto, no son todos, sí algunos, de tiempo atrás, han mantenido una relación non sancta con la corrupción y el caos administrativo de la entidad. Se sabe de dirigentes sindicales que más que representar a sus afiliados se han especializado en negociar peticiones particulares, por una parte, por otra, traficar con información privilegiada y confidencial del interior de la empresa y a su vez trabajar por el interés competitivo de las empresas rentistas”, sostiene el documento.

“Pero hay algo más, que raya con lo penal, y es que, de tiempo atrás, hay fuertes indicios de que señalados dirigentes hacen parte del entramado mafioso y criminal que golpea a la institución”, se agrega en el documento conocido por SEMANA.