Defensores de la vida y la justicia

‘Resistir, persistir y nunca desistir’: hermana dominica Maritze Trigos

La hermana dominica Maritze Trigos es defensora de derechos humanos. Le tocó vivir la oleada de violencia que sacudió a Trujillo (Valle del Cauca) entre 1986 y 1994, donde 342 campesinos fueron víctimas de tortura, homicidio y desaparición forzosa por parte de paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y miembros de la Policía y el Ejército. Trigos ha sido protagonista de la resiliencia y el renacer del municipio.

Ella y otros trujillenses fundaron la Asociación Familias Víctimas de Trujillo (Afavit), una iniciativa para recuperar, recordar y dignificar lo perdido a través de denuncias penales con las que lograron verdades y condenas para los perpetradores de estas atrocidades.

“Resistir, persistir y nunca desistir, porque la resistencia nos mantiene firmes. La resistencia alimenta la esperanza y no nos deja renunciar a ese sueño de ver una Colombia en paz; eso buscamos, construir paz con justicia social, una paz para los empobrecidos”, aseguró en el encuentro virtual ‘historias para cambiar la Historia’.

Por medio de peregrinaciones y la construcción de un parque monumento, que contiene osarios con el nombre de cada una de las víctimas, Afavit ha logrado crear y propiciar espacios para sanar la herida colectiva que dejó la masacre. Su acción, además, ha dejado una huella profunda en la sociedad local, donde la reconciliación y la defensa del territorio y de su gente son el camino para la construcción de paz.

‘Que el Estado proteja la vida de sus servidores’: juez Antonio Suárez

Cifras de la Comisión de la Verdad indican que la Rama Judicial es uno de los sectores más afectados por la violencia. Desde 1989, se han presentado 1.502 hechos contra servidores judiciales, entre asesinatos, atentados, desapariciones, detenciones, desplazamientos forzados y amenazas.

Ante este panorama, el juez Antonio Suárez y un grupo de colegas se fijaron la meta de defender la vida de los operadores de justicia colombianos y evitar que la violencia afectara la independencia y el derecho a la justicia.

“Pensamos que no podíamos lamentarnos entre nosotros. Dijimos: ‘Debemos denunciar que en Colombia se está matando impunemente a los jueces’. Le exigimos al Estado que tuviera la voluntad política de proteger la vida de sus servidores y de no abandonar a las víctimas”, afirmó Suárez.

Así nació el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol). Su objetivo: proteger y darles voz a las víctimas del poder judicial en Colombia, lograr asistencia psicológica para ellos y amparar a los hijos de las víctimas a través de opciones en proyectos productivos.

‘El país necesita una justicia étnica’: juez Mario Lozano

En los territorios los jueces pueden hacer toda la diferencia. Más aún en lugares asediados por la violencia o por la explotación indiscriminada de recursos naturales. Es el caso de Mario Lozano, uno de los primeros jueces de restitución de tierras después de la expedición de la Ley de Víctimas en 2011: logró obrar en derecho a favor de la comunidad embera katío del Alto Andágueda (Chocó).

La comunidad indígena elaboró una de las primeras solicitudes de medidas cautelares para proteger su territorio, que tiene una extensión de 55.000 hectáreas. El juez y su equipo viajaron para escuchar a sus habitantes e iniciaron un proceso de investigación que, incluso, les permitió descubrir el porqué del desplazamiento constante de la población.

“Los seguimientos de las providencias no se hacían en el despacho, sino en los territorios. En ocasiones nos tocaba montarnos en los helicópteros del Ejército, los viáticos no nos alcanzaban, pero el trabajo se hizo. Creo que el éxito estaba en cómo pensábamos en los derechos de las comunidades”, aseguró el juez.

Él y su equipo evidenciaron cómo las concesiones para actividades extractivas se hacían dentro del territorio colectivo de los embera katío, sin que se hubiera desarrollado un proceso de consulta previa, y aprobaron la medida cautelar en defensa de la comunidad indígena, que estaba siendo confinada en su propio territorio.

“La medida cautelar tuvo un gran impacto porque en el país nunca se habían suspendido títulos legales debido al conflicto armado. Nosotros suspendimos 29. Siempre he insistido en que el país necesita una justicia étnica dentro del sistema de justicia ordinaria”, afirmó.

‘Su único pecado fue ser honesto’: Álvaro Miranda, hermano del notario Héctor Miranda

Desde los 80, con la llegada de las Farc y el Eln, y en la década de los 90, con los paramilitares, el municipio de Pailitas, Cesar, ha vivido en la incertidumbre, el horror y el miedo. Con presiones, amedrentamientos y amenazas a funcionarios judiciales y de notarías, los paramilitares buscaban su colaboración en la falsificación de títulos o en la venta forzada de predios de la región.

Pero no todos aceptaron estas reuniones. Muchos prefirieron salir corriendo del pueblo y otros, como el notario Héctor Miranda, pusieron sus principios por encima de cualquier amenaza.

“A Héctor comenzaron a apretarlo y a apretarlo, y él a resistirse. Ese fue su único pecado: ser honesto”, contó su hermano Álvaro Miranda.

Este acto de valentía es una muestra de quienes, a pesar de vivir en un ambiente de conflicto, han tratado de proteger los derechos y defender a las comunidades.

Tercer encuentro de ‘historias para cambiar la Historia’

Este ciclo de conversaciones continuará este 4 de noviembre con ‘Relatos de una paz joven’, un espacio en el que se compartirán las historias de jóvenes que han transformado el dolor de la guerra en acciones de arte y cultura.

Siga la transmisión a partir de las 5:00 p. m., en las plataformas digitales de Semana y Foros Semana. Este espacio es organizado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID y en alianza con Foros Semana.