Nación
Defensoría advierte que ELN, disidencias y Clan del Golfo están “tercerizando” operaciones para consolidar el control territorial en Cesar
Estos tres grupos criminales, de acuerdo con la Defensoría, están formando alianzas con grupos armados locales para hacerse con el control territorial en los municipios de Pelaya y La Gloria.
La Defensoría del Pueblo emitió una nueva Alerta Temprana de Inminencia (ATI), esta vez la 035 de 2023, en la cual advierte sobre la “tercerización de operaciones” por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) con grupos delictivos en los municipios de Pelaya y La Gloria, en el departamento del Cesar. Esta situación plantea un inminente riesgo para las comunidades locales.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante esta nueva dinámica de tercerización, señalando que “degrada aún más el conflicto armado” y evidencia el nivel al que pueden llegar los grupos criminales para mantener el control territorial.
“Tercerizar las acciones con grupos delincuenciales degrada aún más el conflicto armado y pone en evidencia el nivel al que pueden llegar los grupos armados no legales para mantener, recuperar o buscar el control de los territorios y las economías ilegales”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Las tres estructuras ilegales, que compiten por el control de la región, han intensificado sus actividades en Pelaya y La Gloria. La ATI emitida por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría reveló que han movilizado sus fuerzas para enfrentarse entre sí y continuar con sus estrategias de dominio territorial. Este conflicto ha resultado en homicidios selectivos, algunos de los cuales están relacionados con el exterminio social y cobros ilegales.
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Además, según la entidad, estos grupos armados buscan tomar control de los corredores de movilidad y ejercer un control social más estricto con el objetivo de ampliar sus fuentes de financiación y extorsionar a la población local. El ELN, en particular, está luchando por mantener su influencia en esta zona del departamento del Cesar.
A estos peligros se suma el problema de la apropiación ilegal de propiedades urbanas y rurales en Pelaya y La Gloria, una situación que ha sido explotada por los grupos armados para ganar apoyo en las comunidades, aseguró la Defensoría.
La entidad ha emitido 15 recomendaciones tanto al Gobierno Nacional como a las autoridades locales, con el fin de tomar medidas inmediatas y prevenir un aumento de la violencia que afecta gravemente a la población civil en esta región. La seguridad y protección de estas comunidades son fundamentales en esta situación crítica.
Defensoría emite alerta por disidencias de las Farc
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 036 del 2023, en la que hizo un enérgico llamado al Estado para que tome medidas preventivas, basadas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), con el objetivo de proteger a la población civil en el sur occidente del país, ante el riesgo que representan los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
Según la alerta, catorce municipios en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca se encuentran en alto riesgo de vulneración de sus derechos debido al desconocimiento por parte de los dos frentes de disidencias de los principios de proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario.
El defensor Carlos Camargo Assis subrayó la importancia de establecer medidas de prevención y protección por parte del Estado para evitar que los actores armados lleven a cabo acciones violentas que infrinjan los principios del DIH y generen afectaciones a la población civil y sus bienes en medio de posibles vicisitudes.
El informe de advertencia destacó que estos dos frentes de disidencias han realizado ofensivas armadas recientemente, particularmente contra la fuerza pública, como estaciones de policía, bases militares y puntos de control. Estas acciones también han afectado a la población civil, lo que implica el incumplimiento de los principios del DIH, especialmente en lo que respecta a la proporcionalidad y precaución de las acciones armadas.
La Defensoría del Pueblo ha documentado el uso de métodos con potencial efecto indiscriminado y acciones bélicas con artefactos explosivos por parte del Estado Mayor Central, lo que ha tenido un impacto perjudicial en la población y sus propiedades.
