Defensoría advierte sobre el impacto que ha tenido el paro minero en el Bajo Cauca

A pesar del toque de queda decretado en los municipios en los que se adelanta el paro minero, seis personas fueron heridas con arma de fuego, entre ellos dos menores de edad.

Así lo informó este martes la Defensoría del Pueblo al hacer un balance de los últimos hechos que se han presentado en el Bajo Cauca de Antioquia y el Sur de Córdoba y tras advertir sobre el impacto que ha tenido el paro y las jornadas de protesta que a afecta varios municipios.

Según el reporte de las regionales del organismo, en Cáceres, se presentaron cinco heridos y uno más en Tarazá, Antioquia, quien posteriormente falleció.

A estos hechos se sumaron los atentados contra la misión médica, la quema de una ambulancia en zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia, que transportaba a una mujer gestante y de otra que se hallaba fuera de servicio en un parqueadero.

Así mismo, destacó el incendio de dos camiones transportadores de alimentos en Caucacia, y los ataques a la infraestructura pública, entre ellos, la quema de una estación de peaje, así como los daños en edificios de la administración municipal en Caucasia y Tarazá.

“En el caso del Sur de Córdoba, se ha presentado el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y elementos de primera necesidad en los municipios de Montelibano, Puerto Libertador y San José de Uré”, indicó la Defensoría.

Igualmente, se presenta una escasez de gas natural y está a punto de suspenderse el servicio de agua potable por la falta de insumos para el tratamiento.

“Se registran dificultades en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para provisión de los alimentos a los menores de edad y dificultades en el cumplimiento del calendario escolar en algunas instituciones educativas”, reportó el organismo.

Añadió que los campesinos han manifestado dificultades para desarrollar sus labores y sacar sus productos para comercializarlos.

En el caso de las empresas minero-energéticas, se registran alteraciones en los turnos de los trabajadores, imposibilidad de llevar los insumos para los procesos que realizan y bloqueos al tránsito de los camiones con los minerales que extraen del territorio.

Incluso algunas empresas contratistas manifestaron el deseo de suspender aproximadamente 170 contratos de los trabajadores, por las pérdidas generadas.

Atender la protesta pacífica con rapidez

Entre tanto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reiteró su llamado a las autoridades, tanto del Gobierno Nacional como a las alcaldías y gobernaciones, para tomar medidas que permitan anticipar la ocurrencia de situaciones violentas en medio de la protesta social.

Aseguró que no se puede permitir que el escenario de la protesta social pacífica se extienda de tal manera que pueda generar la oportunidad para que personas al margen de las mismas causen desmanes, alteraciones del orden público y todo tipo de hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos.

“En la última semana hemos asistido a varios escenarios complejos, como el paro minero que se desarrolla en la región del Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Córdoba y Nordeste Antioqueño, que deja un lamentable saldo de una persona fallecida, 7 personas heridas, entre ellas dos menores de edad, 2 ambulancias incineradas y la quema de un peaje, entre otros hechos”, advirtió.

Señaló que ante esta situación, el Gobierno Nacional y los voceros del Comité Pro Paro Minero deben retomar los diálogos a la mayor brevedad posible, para evitar que se generen nuevos incidentes violentos o ataques contra la población civil, bloqueos y parálisis en el suministro de bienes y servicios.

Igualmente, hizo un llamado a quienes adelantan protestas y movilizaciones sociales, para que respeten a la misión médica y a sus miembros, para que no obstaculicen sus labores y permitan el tránsito libre de las ambulancias y vehículos que acompañan a estas, ya que de ello depende el estricto cumplimiento del derecho a la salud y la vida de la población civil.

Igualmente, aseguró que debido a la agudización del conflicto social desde el segundo semestre de 2022, se debe priorizar el diálogo social como respuesta adecuada a las demandas sociales, evitar postergar los espacios de diálogo social y atender el llamado de las comunidades en diferentes regiones del país.

Camargo Assis, rechazó los cierres de vías, los hechos de violencia y las vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de personas ajenas al paro minero.

“Exhortamos al Gobierno nacional a evitar el escalamiento violento de las protestas sociales, así como la atención temprana a los llamados de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mineras”, dijo.

En ese sentido, pidió “escuchar sus necesidades, construir rutas de trabajo y dar una pronta respuesta institucional, lo que permitirá disminuir los niveles de violencia y prevenir nuevos actos de alteración del orden público”.

Finalmente, exigió a los grupos armados ilegales a respetar la vida, la libertad e integridad de la población civil, en especial de los niños, niñas y adolescentes, y a acatar los principios y las normas del Derecho Internacional Humanitario.