Defensoría alerta por baja atención a migrantes en el sur del país; puso la lupa sobre la vía Panamericana. Así está el panorama

En un esfuerzo conjunto, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, y la Regional Nariño, organizó una mesa de trabajo en Pasto. Allí se discutieron y socializaron las problemáticas que enfrenta la población migrante y caminante en tránsito en la región.

El foco de atención de esta iniciativa se centró en la vía Panamericana, un corredor vital utilizado por migrantes, donde los funcionarios de la Defensoría llevaron a cabo un minucioso trabajo de campo.

Lo que descubrieron fue preocupante: ocho municipios nariñenses, incluyendo Taminango, Chachagüí, Pasto, Tangua, Contadero, Iles, Imués e Ipiales, carecen de un escenario interinstitucional dedicado a la gestión de la migración internacional. Sorprendentemente, tres de estos municipios, Taminango, Pasto e Ipiales, no tienen cifras consolidadas sobre la población migrante, refugiada y connacional retornada.

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, destacó la falta de información precisa sobre esta población vulnerable y su acceso a la seguridad social en salud en estos municipios. “Ninguna de estas poblaciones cuenta con cifras consolidadas sobre migrantes, refugiados y connacionales retornados, tanto de tránsito como con vocación de permanencia. Los datos que tienen refieren algunos casos puntuales en lo relacionado con la vinculación a la seguridad social en salud”, señaló.

Uno de los aspectos más preocupantes que surgió durante la mesa de trabajo fue la atención a niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes. Según un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desde el 2021 hasta la fecha, solo se ha brindado atención a seis NNA caminantes y migrantes en tránsito en el Centro Zonal de Taminango.

Además de la atención deficiente, se han reportado bajos niveles educativos y altos niveles de ausencia y desescolarización de NNA, principalmente debido a la precariedad económica de sus familias, la desestabilización y la constante migración.

Los ocho municipios también han expresado dificultades en cuanto a presupuesto y capacidad técnica para atender a la población migrante. Esto abarca áreas como albergues, seguridad alimentaria, saneamiento, higiene y acceso al agua potable, entre otros servicios de asistencia humanitaria.

“Sus dificultades pasan por lo presupuestal y la capacidad técnica del recurso humano, especialmente en la disponibilidad de albergues, seguridad alimentaria, saneamiento, higiene, acceso al agua potable, entre otros servicios de asistencia humanitaria”, añadió Camargo Assis.

En Taminango, la presión sobre la respuesta institucional es mayor debido a su ubicación estratégica, lo que lo convierte en un punto de entrada y salida del departamento y un receptor de población víctima y migrante con necesidad de protección internacional, según la entidad.

La Defensoría señaló que la convivencia entre la población migrante y las comunidades locales también ha generado dificultades, incluyendo la contaminación por mal manejo de basuras y la realización de necesidades fisiológicas al aire libre. Estas tensiones han llevado a actitudes xenófobas y discriminatorias, así como a incidentes violentos, como robos, daños a propiedades e incendios, sostuvo.

Otras problemáticas identificadas por la entidad incluyen el consumo de sustancias psicoactivas, la falta de respuesta institucional para quienes se encuentran en situación de calle, la mendicidad y el trabajo infantil.

El defensor Camargo Assis anunció que se elaborará un diagnóstico que se presentará en la próxima sesión ordinaria de la Mesa Departamental de Migraciones.

“Con nuestras Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y Regional Nariño elaboraremos un diagnóstico para presentarlo en la próxima sesión ordinaria de la Mesa Departamental de Migraciones. Estamos, igualmente, evaluando la posibilidad de interponer acciones constitucionales para que la población migrante sea protegida como lo ordena la normativa colombiana”, recalcó el funcionario.