Defensoría alerta por suicidios en comunidades indígenas del Chocó: “Se relacionan con las afectaciones causadas por el ELN y Clan del Golfo”

La Defensoría del Pueblo pidió urgentemente a las autoridades que brinden apoyo a las comunidades indígenas del departamento del Chocó, donde se han reportado 15 casos de suicidio en lo que va del año 2023. Según las comunidades, estos casos son resultado de la presión generada por el conflicto armado interno y grupos violentos como el ELN y las Clan del Golfo.

Los casos reportados, de acuerdo con el informe de la Defensoría, se han dado por ahorcamiento y envenenamiento, y sucedieron en seis municipios del departamento: Bojayá (2 mujeres se suicidaron), Alto Baudó (1 mujer), Quibdó (3 mujeres y 2 hombres), Bahía Solano (1 mujer), Bagadó (3 mujeres y 1 hombre) y Lloró (2 hombres).

“Es de suma importancia actuar cuanto antes. Las instituciones competentes deben aplicar el enfoque diferencial en esta problemática de salud mental causada por los efectos de las hostilidades a quienes están en medio del conflicto, diez de los casos reportados corresponden a mujeres. Se requiere una atención inmediata que esté en consonancia con las prácticas tradicionales de armonización que solicitan las comunidades afectadas”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Según la entidad, los factores que pueden tener relación con estos casos derivados del conflicto son las rupturas culturales, la violencia generalizada, el acoso e instrumentalización de menores de edad para la guerra, la violencia sexual, el confinamiento y desplazamiento recurrentes y el control ejercido por los grupos armados ilegales a los territorios y a la población.

“Les pedimos al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud del Chocó, a las alcaldías municipales y a todos los entes con competencia para casos de esta naturaleza que establezcan programas de atención y se movilicen hasta los territorios afectados. Sabemos de las afugias de las que son víctimas estas comunidades, a las que se tienen que enfrentar a diario, pero la vida tiene sentido, vale la pena vivirla, y el Estado está en la obligación de proteger sus derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad”, enfatizó el defensor Camargo.

La Defensoría del Pueblo, que ha podido evidenciar cómo “la violencia contra comunidades étnicas y sus liderazgos ha cobrado relevancia”, también ha venido emitiendo Alertas Tempranas para las poblaciones donde tuvieron lugar los suicidios, las cuales están vigentes: 016 del 2021 fue emitida para el municipio de Bojayá, 034 del 2022 para Alto Baudó, 041 del 2019 para Quibdó, 017 del 2022 para Bahía Solano, 013 del 2023 para Bagadó y 049 del 2022 para Lloró.

Ante este panorama, el defensor Camargo insiste en el apoyo psicosocial para las comunidades y el acompañamiento de las entidades del Estado para contrarrestar este flagelo.

Preocupante situación en Bagadó, Chocó

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 013-2023 para evidenciar la situación de riesgo y violación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que enfrentan los habitantes del municipio de Bagadó, en Chocó, debido a las acciones del grupo armado ilegal ELN.

En Bagadó, el Frente de Guerra Occidental Manuel Hernández del ELN ha aumentado su presencia y fortalecimiento en los últimos dos años, de acuerdo con la entidad.

La alerta detalla el riesgo al que se enfrenta la comunidad de Bagadó, incluyendo a comerciantes, el colectivo afrocolombiano del Consejo Comunitario de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca) y el Resguardo indígena Tahami Alto Andágueda de la etnia emberá katío.

La Defensoría del Pueblo encontró un aumento de amenazas e intimidaciones contra la población civil, así como extorsiones y la siembra de artefactos explosivos.

“Encontramos en la Defensoría del Pueblo que han aumentado las amenazas e intimidaciones contra líderes indígenas, comunidades afro y población civil, además de extorsiones a funcionarios, empresarios o comerciantes, y la siembra de artefactos explosivos. Esto aumenta el riesgo de desplazamientos forzados colectivos e individuales, y de confinamientos”, señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

Entre enero de 2020 y diciembre de 2022, 1.328 personas de esta región fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) por hechos relacionados con desplazamiento forzado, amenazas, delitos contra la libertad e integridad y desaparición.