Defensoría anuncia acciones por el confinamiento y desplazamiento de familias en Buenaventura

En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo alertó por el confinamiento de 157 familias en la comunidad de Juntas y el desplazamiento de 28 familias de San Antoñito, en Consejo Comunitario del Río Yurumangui, zona rural de Buenaventura.

La presencia de grupos armados ilegales tiene en vilo a las comunidades y, por esa razón, la Defensoría del Pueblo participó en un consejo de seguridad este miércoles, del cual se concluyó una agenda de acciones que conoció SEMANA: el viernes se llevará acabo una comisión de verificación, con la presencia de la Personería, la Procuraduría y algunos concejales. Allí habrá atención directamente a las familias afectadas.

Asimismo, el jueves se convocará un comité de verificación de atención integral para que se establezcan las actividades específicas de cada una de las entidades que van a ser parte de la comisión del viernes.

Crisis en Buenaventura

Este año, una vez más, la atención se posó sobre el distrito portuario del Valle del Cauca. La situación de orden público y la pobreza de su gente ha generado preocupación y críticas al Gobierno.

Históricamente, se trata de una ruta del narcotráfico que les interesa a los grupos al margen de la ley, considerando que por allí circula el 50 % del comercio de Colombia.

La Defensoría del Pueblo advirtió a finales de enero que más de 200 desplazamientos se presentaron en los primeros días del año, “disputas que llevan a niños, adultos y adultos mayores a abandonar sus casas en 9 barrios y comunas con los pocos objetos que se pueden llevar, lo que constituye una crisis humanitaria y de orden público”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en días pasados.

La Defensoría del Pueblo informó que está trabajando por el restablecimiento de los derechos de toda la comunidad de Buenaventura. “Recibimos las inquietudes planteadas, adelantaremos las gestiones pertinentes y haremos seguimiento permanente a esta problemática para que lleguen soluciones prontas y efectivas”, dijo el 9 de febrero Camargo, en el puerto del litoral Pacífico, al término de otra comisión que se llevó a cabo.

Líderes, lideresas y autoridades locales expusieron la falta de seguridad, de oportunidades en educación y empleo para los jóvenes, así como su preocupación por las desapariciones forzadas y los desplazamientos masivos ante el recrudecimiento de la violencia.

“Es necesario que la juventud sea escuchada, que se nos garantice seguridad, oferta institucional, educación y oportunidades”, afirmó un joven líder de la zona.

De hecho, la Defensoría emitió una alerta temprana este año en la que advierte sobre la presencia de grupos de crimen organizado como La Local y La Empresa, expresados en la división de dos estructuras ilegales: Los Shotas y Los Espartanos. A la lucha que existe entre ambos bandos por el dominio territorial en comunas como la 7, 10, 11 y 12, se suman los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN en zona sub-rural del municipio, en específico en el corregimiento 8, la vereda Sabaletas. Como respuesta, se evidencia un marcado y robusto despliegue de la fuerza pública en la zona, tanto a nivel urbano como rural.

El Ministerio Público dice que los enfrentamientos y la violencia que se registran en el territorio amenazan a la comunidad, especialmente a los niños, adultos y adultos mayores que habitan en los diferentes barrios del municipio. Esto los ha llevado a abandonar sus casas con los pocos objetos que han podido recoger con la única alternativa de desplazarse a otras zonas de la ciudad.