Defensoría asegura que presos de la cárcel La Amarilla, en Córdoba, “hacen vaca para alimentarse una vez al día”; ¿qué está pasando?

La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación ante las “repetidas violaciones a los derechos humanos” de 63 reclusos, conformados por 54 hombres y nueve mujeres, en la cárcel municipal La Amarilla, ubicada en Lorica, Córdoba. Durante una reciente visita realizada por funcionarios de la Regional Córdoba de la Defensoría, se constató un agravamiento de la situación que ha venido ocurriendo en el centro de reclusión.

“Quienes están privados de la libertad en el centro de reclusión nos contaron las afugias que están pasando, una es que deben ingeniárselas para ingresar dinero y, entre ellos mismos, hacer la llamada ‘vaca’ para poder adquirir sus alimentos. Pero la problemática, que se sale de los márgenes humanos, no para ahí, pues lo poco que reúnen, según su testimonio, solamente les alcanza para alimentarse una vez al día”, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Además, según se informó, aquellos que dependen de medicamentos no están recibiendo el suministro necesario, y las citas médicas “no han sido posibles” debido a la falta de vehículos para trasladar a los reclusos a los centros de salud. También se conoció que no se están llevando a cabo los traslados a los juzgados para las audiencias, afectando el desarrollo adecuado de los procesos legales de los internos.

En una inspección realizada por la Defensoría del Pueblo, los funcionarios de la entidad evidenciaron que los custodios del penal abandonaron sus labores debido a salarios adeudados, dejando la vigilancia en manos de la Policía Nacional adscrita al departamento de Córdoba.

“En la inspección defensorial, además, nuestros funcionarios evidenciaron que los custodios del penal, en razón a que les adeudan siete meses de salario, se vieron en la obligación de abandonar sus labores. Su legítimo derecho al trabajo está siendo transgredido. La Policía Nacional adscrita al departamento de Córdoba, en consecuencia, asumió la vigilancia en La Amarilla”, añadió Camargo Assis.

La gravedad de la situación se agudizó aún más con la fuga de cinco reclusos considerados de alta peligrosidad en la madrugada del 3 de diciembre. Las autoridades competentes están investigando esta fuga.

En respuesta a esta crisis, la Defensoría del Pueblo ha emprendido acciones legales desde octubre de 2022, presentando una acción de tutela que fue respaldada por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica. Este tribunal ordenó a las alcaldías con competencia administrativa sobre el penal y al director de la cárcel proteger los derechos fundamentales de los internos, asegurando condiciones dignas de vida, integridad personal y atención médica adecuada.

Sin embargo, de acuerdo con la Defensoría, la orden judicial no ha sido cumplida, y en consecuencia, entidad ha presentado un incidente de desacato. El defensor Camargo instó a las autoridades competentes, incluyendo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Gobernación de Córdoba, a tomar medidas urgentes para abordar la crisis humanitaria en la cárcel La Amarilla y garantizar la protección de los derechos de la población reclusa.

“No obstante, lo ordenado no ha sido cumplido, ni siquiera nos han respondido un oficio que le remitimos el pasado 12 de septiembre a la Alcaldía de Lorica. Todo esto nos llevó a interponer hace contados días un incidente de desacato, necesitamos que los derechos tutelados a favor de la población reclusa sean atendidos y salvaguardados; es imperativo que su vida no continúe corriendo riesgos por cuenta de la incompetencia institucional”, indicó el defensor.