Defensoría convoca mesa de concertación entre Cruz Verde y Sanitas: “Es urgente que el Gobierno dé garantía de pago”

La Defensoría del Pueblo emitió un enérgico llamado a la EPS Sanitas y a las autoridades gubernamentales para abordar la creciente crisis de salud que enfrenta el país. La alerta se produce tras la decisión de Cruz Verde de suspender el suministro de medicamentos y dispositivos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), debido a una deuda de, aproximadamente, 400.000 millones de pesos por parte de Sanitas.

Esta medida afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados a la EPS, desde el próximo 15 de noviembre, poniendo en riesgo su derecho fundamental a la salud.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, solicitó a la EPS Sanitas y Cruz Verde encontrar soluciones inmediatas para evitar que los tratamientos de miles de personas sean interrumpidos bajo ninguna circunstancia.

“Convocamos un espacio imparcial de diálogo y ofrecimos nuestro rol de mediadores, con el fin de encontrar salidas viables e inmediatas, a fin de evitar que el riesgo advertido no se materialice y los tratamientos de 102.000 personas no sean interrumpidos bajo ninguna circunstancia”, solicitó el defensor del Pueblo.

El llamado también se ha extendido al Gobierno nacional, instándolo a verificar los pagos de los presupuestos máximos destinados a financiar los tratamientos de las personas más vulnerables, como los pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo. Además, se exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud y a las autoridades del sector a mantenerse alerta para evitar posibles vulneraciones al derecho a la salud de los afiliados a la EPS Sanitas.

El defensor del Pueblo enfatizó la importancia de garantizar la atención en salud en condiciones de calidad, integralidad y continuidad para los 5.697.649 afiliados a la EPS Sanitas, con especial atención a los 102.173 usuarios que requieren medicamentos e insumos a través de los presupuestos máximos. Además, pidió al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ajustar y agilizar los trámites relacionados con medicamentos y dispositivos no incluidos en el PBS.

“Aunque es responsabilidad de la EPS Sanitas adelantar los planes de contingencia para la atención de sus asegurados, con el fin de superar la actual situación, se evidencian fallas estructurales en la política de medicamentos y servicios de tecnologías, por lo que llamo al Invima para que ajuste y agilice los trámites correspondientes, en especial, en medicamentos y dispositivos no PBS, tanto para la importación como para la producción nacional”, indicó Camargo Assis.

El defensor del Pueblo concluyó su llamado con la invitación al diálogo y la concertación entre los diferentes actores del sistema de salud, con el objetivo de asegurar una liquidez oportuna y suficiente que permita a los prestadores y proveedores cumplir su función con calidad y eficiencia.

Contraloría investigará suspensión de medicamentos

La Contraloría General también le puso la lupa a la suspensión en la entrega de medicamentos por parte de las Droguerías Cruz Verde a los usuarios de la EPS Sanitas. El vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, declaró la situación como de “impacto nacional”, otorgando prioridad a las investigaciones en curso sobre los impactos fiscales que esta situación podría tener en el país.

La declaración de impacto nacional busca obtener resultados de manera expedita, con el objetivo de prevenir cualquier posible detrimento en los recursos de la salud, los cuales están bajo constante supervisión y control por parte de la Contraloría.

La Contraloría General conformó un equipo especializado para llevar a cabo las investigaciones, el cual forma parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y se activa únicamente para casos de gran envergadura o con repercusión a nivel nacional.

“La declaratoria de impacto nacional en el caso de Sanitas y Cruz Verde, permitirá a la Contraloría obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud, sobre los cuales este organismo de control ejerce un seguimiento permanente”, indicó la Contraloría.

En el último año, esta Unidad ha manejado 14 casos relacionados con temas de salud que involucran una cuantía de $ 630.933 millones, de los cuales se han emitido cuatro imputaciones de responsabilidad fiscal, por un valor de $ 274.201 millones, y tres fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia, por $ 389.619 millones.