Defensoría del Pueblo alerta por alto riesgo de habitantes de tres municipios del Meta tras disputas entre grupos armados ilegales

La Defensoría del Pueblo prendió las alarmas con relación al tema de la seguridad de los habitantes de los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral, en el de departamento del Meta, debido a disputas entre grupos armados ilegales.

De acuerdo con la entidad, el alto riesgo en el que se encuentran estas personas hace necesario emitir la Alerta Temprana 04 del 2023 y entregar 25 recomendaciones al Gobierno nacional y las autoridades locales, para mitigar el riesgo.

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, indicó durante su visita al Meta, “desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas encontramos que los diferentes grupos armados organizados buscan despojar a los campesinos de sus tierras y fomentar el abandono forzado con el objeto de interferir con la implementación de la figura de restitución de tierras”.

La entidad explicó que en la zona operan el frente 40 de las disidencias de las Farc; el frente comandante Jorge Suárez Briceño de la Nueva Marquetalia; el Bloque Meta de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), y grupos de autodefensas emergentes; por lo que calificó la situación de compleja.

En la Alerta, la Defensoría del Pueblo entrega 25 recomendaciones que tienen como objetivo que las autoridades ejecuten un plan de acción específico enmarcado en la prevención y los derechos humanos, recalcando que las alertas tempranas tienen un propósito eminentemente preventivo.

“Dentro de la población en riesgo están las víctimas del conflicto armado y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por el riesgo de reclutamiento forzado”, expresó Camargo Assis. Además, indicó que en este grupo están los reclamantes de tierras y segundos ocupantes, líderes y lideresas comunales, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, a los que se suman integrantes de organizaciones sociales, campesinas y comerciantes.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo asegura que encontró graves afectaciones a los derechos humanos que se evidencian en homicidios selectivos, amenazas, extorsiones y la exigencia, de manera violenta, del pago de ‘impuestos’ contra campesinos y habitantes de las localidades de Lejanías, El Castillo y Cubarral.

Hacinamiento en Centros de Detención Transitoria alcanza el 151 % en todo el país, advierte Defensoría del Pueblo

La muerte de una persona privada de la libertad y otras siete heridas, como consecuencia de una conflagración en una de las celdas de la Unidad de Personas Privadas de la Libertad (UPPL) en la ciudad de Manizales, prendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo.

Tras lo sucedido en la UPPL, un equipo de la regional Caldas de la Defensoría se desplazó al lugar para adelantar un proceso de verificación de las condiciones de quienes resultaron heridos, así como también de las demás personas privadas de la libertad que continuaban en las instalaciones de la UPPL.

“Las condiciones de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), que alcanzan el 151 % de sobrepoblación a nivel nacional, están poniendo en riesgo la vida e integridad de personas privadas de la libertad. En muchos casos las condiciones son inhumanas, con claras vulneraciones a los derechos a la salud y a la justicia”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De manera articulada entre el organismo, la Personería Municipal y la Procuraduría Provincial, se realizaron solicitudes a las Secretarías de Gobierno y de Salud de Manizales para que “se brinden y se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad, no solo de este sitio, sino también de los demás CDT de la ciudad”.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo anunció que estará atenta al resultado de las investigaciones para que se determinen las causas de la conflagración y se puedan establecer las responsabilidades, “pero principalmente para que se tomen los correctivos para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar”.

A través de la Defensoría Delegada para la Política Penitenciaria y Carcelaria, se anunció que se “continuarán efectuando visitas periódicas, como organismo de control en materia de derechos humanos, a los diferentes CDT en todo el país, con el fin de seguir poniendo en evidencia esta grave situación”.