Convención es uno de los municipios que priorizó la Defensoría del Pueblo en la alerta. Foto: Archivo Semana | Foto: Santiago Ramírez

Catatumbo

Defensoría del Pueblo alerta por amenazas a tres municipios del Catatumbo

El Carmen, Convención y Teorama, en Norte de Santander, son los pueblos que están en riesgo según el Ministerio Público. Las acciones de grupos armados ilegales ponen en riesgo a las poblaciones.

10 de febrero de 2021

La grave situación de orden público que se vive en los municipios de El Carmen, Convención y Teorama, en Norte de Santander, en la región del Catatumbo, llevó a que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta temprana para hacer un llamado urgente a las autoridades locales que eviten que pueda presentarse una situación grave en estas localidades.

En esta región, la situación de seguridad ha tenido a las autoridades en alerta permanente y, más, porque es un corredor estratégico para los grupos armados que se mueven por allí. La alerta de la Defensoría hace hincapié en los enfrentamientos que se vienen dando entre disidentes del EPL y el ELN que buscan controlar este territorio.

“Los escenarios que caracterizan el riesgo descrito en esta Alerta Temprana se configuran a partir de la continua confrontación entre las guerrillas del ELN y el EPL, la degradación en las prácticas violentas del EPL”, dice en uno de los apartados del documento enviado a autoridades locales, departamentales y nacionales.

La Defensoría del Pueblo acompaña a la comunidad desplazada por enfrentamientos.
La Defensoría del Pueblo acompañó a las familias que se desplazaron de veredas de Tibú en diciembre y enero pasados. | Foto: Defensoría del Pueblo con desplazados en Tibú

Y contextualiza que luego de tres años de confrontación entre estos grupos, en el EPL se da un “desgaste y debilitamiento a nivel de su estructura militar, organizativa y de comandancia, la intención del ELN por convertirse en el grupo hegemónico de la región, y el proceso de fortalecimiento de las facciones disidentes de las ex FARC-EP, el cual se desarrolla no exento de tensiones con el ELN y existe la posibilidad de que emerjan nuevas confrontaciones entre grupos al margen de la ley por el control territorial”.

La preocupación sobre esta región es permanente y a pesar del constante llamado de defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, las acciones parecieran quedarse cortas. La Fundación Progresar, a través de su director Wilfredo Cañizares, ha repetido el llamado a las autoridades para que no se abandone a la población y más, porque las situaciones de alertas son repetitivas y las acciones son pocas o nulas.

Según lo documentó la Defensoría, la población en riesgo son los líderes y defensores de derechos humanos, migrantes, transportadores, comerciantes, pueblos indígenas, contratistas personas en proceso de reincorporación, niños y jóvenes.

Entre las recomendaciones de la Defensoría está a la “Fiscalía General de la Nación, al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, a la Sijin de la Policía Nacional, para que se ejecuten acciones coordinadas que permita esclarecer los autores y móviles de homicidios, secuestros y extorsiones que se han venido presentando en estos tres municipios” y en este mismo “que se adelanten acciones que permitan identificar, individualizar y judicializar a los integrantes de los grupos armados ilegales con presencia en la zona y se contrarreste la circulación de armas de fuego y explosivos”.

Otra de las recomendaciones es “a la Trigésima Brigada del Ejército y al comando departamental de Policía para que con el apoyo de la gobernación y de la alcaldía de Convención, se diseñe e implemente un plan de seguridad coordinado para el perímetro urbano y zonas aledañas de este municipio”.

Recientemente, en veredas de Tibú, municipio vecino de Cúcuta y que también hace parte de la región de Catatumbo, se han presentado enfrentamientos entre grupos armados ilegales a los que también se suma la presencia del Clan del Golfo que generó desplazamientos y confinamientos de los habitantes de algunas de las zonas rurales. La misma Defensoría manifestó su preocupación en diciembre por el aumento del confinamiento a raíz de acciones violentas que ocasionó que esta situación perjudicara a cerca de 10.000 familias de la región.