Defensoría del Pueblo alerta por fortalecimiento de estructuras armadas: “El Clan del Golfo delinque en 24 departamentos”

Una de las críticas al presidente Gustavo Petro ha sido el recrudecimiento de la violencia, tanto en las capitales como en territorios que históricamente han estado a merced del conflicto armado. Al mandatario se le cuestiona que mientras el Gobierno tiende puentes con estructuras armadas en busca de la ‘paz total’, estas se fortalecen; al menos eso fue lo que dejó ver la Defensoría del Pueblo este 27 de julio.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se reunió con 100 mandatarios locales y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) para revisar la situación de seguridad y de derechos humanos. En ese contexto fue que se refirió al fortalecimiento de los grupos al margen de la ley.

“El grupo armado con mayor presencia e influencia sobre el territorio nacional son las Autodefensas Unidas de Colombia (Clan del Golfo), que delinque o tiene injerencia en 24 departamentos y 392 municipios; principalmente, en el noroccidente y oriente del país. En segundo lugar, el ELN, con presencia en 19 departamentos y 224 municipios; de manera concreta, en todo el corredor de la frontera con Venezuela, como también en buena parte del Pacífico”, explicó Carlos Camargo Assis.

El defensor del pueblo, además, expuso cómo es la presencia de los dos grupos disidentes de las Farc, el Comando Mayor Central, en cabeza de Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, cuya muerte no fue confirmada por el Gobierno colombiano.

Las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco hacen presencia en 18 departamentos y 180 municipios del suroccidente del país, la Amazonía y algunos territorios cercanos a la frontera con Venezuela. La Segunda Marquetalia delinque en 14 departamentos y 69 municipios, particularmente, en el suroccidente del país, aunque tiene injerencia en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, La Guajira y Guainía.

“Para poder enfrentarlos, se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un gobierno nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables. Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos con nuestra labor para que alcaldes y gobernadores no continúen siendo atemorizados por los irracionales”, dijo el defensor del Pueblo.

En la reunión también socializó que son 75 municipios en riesgo alto para el ejercicio de los alcaldes. Mencionó algunos de ellos: los de Cartagena del Chairá (Caquetá) y Puerto Guzmán (Putumayo), que se vieron obligados a despachar desde las capitales de los dos departamentos. O los de Santa Bárbara (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Asís (Putumayo), que están trabajando bajo amenazas.

Defensor del pueblo lanzó una propuesta para los jóvenes

Para evitar que los jóvenes caigan en las manos de redes delincuenciales en el país, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado a la institucionalidad para crear un programa integral que tenga como objetivo “generar oportunidades de educación y empleo digno” para los jóvenes en diferentes regiones. El propósito de esta iniciativa, de acuerdo con el funcionario, es evitar que los menores se vinculen o reincidan en redes que los instrumentalizan en actividades violentas o criminales.

La propuesta del defensor Camargo busca formar “vínculos institucionales” sólidos y ofrecer “alternativas reales de trabajo” en las regiones, especialmente en aquellas donde la falta de oportunidades, debido al contexto socioeconómico, “deja a las nuevas generaciones sin otra opción que terminar siendo cooptados por actores armados al margen de la ley”.

Este programa tendría un enfoque de apoyo a los jóvenes más pobres, los Consejeros de Juventud y aquellos que ejercen liderazgo en sus comunidades. También se plantea favorecer a los jóvenes que están cumpliendo sanciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), con el objetivo de brindarles un verdadero incentivo para mantenerse en la legalidad y promover la convivencia pacífica.