Defensoría del Pueblo alerta sobre intimidaciones y confinamiento en el Catatumbo

Algunas familias de la vereda La Silla, de Tibú, en Norte de Santander, terminaron de desayunar a las carreras. Sin tiempo de más, salieron corriendo hasta la iglesia, a unos cinco minutos del caserío, y se refugiaron durante cuatro días. El año nuevo lo tuvieron que pasar encerrados en la casa de Dios porque la orden era que nadie podía entrar o salir del caserío.

Eran 40 familias que debieron acomodar como pudieron desde el 28 de diciembre: colchonetas para los niños, cobijas en el piso para algunos adultos y otros se ajustaron a las sillas del templo. Comieron lo que algunos pudieron sacar a las volandas y sin celebraciones recibieron 2021.La orden llegó, pero nadie sabe de dónde. El asunto es que cada vez que llegan las advertencias, las comunidades prefieren encerrarse, desplazarse o hacer lo que se les manda para preservar la vida, porque la tranquilidad ya la perdieron. En el Catatumbo se cuentan 11 municipios que desde hace años son afectados por el conflicto armado y que desde la firma del acuerdo de paz con las Farc sufren por las disputas territoriales de ELN, EPL, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y los Pelusos.

Tibú es uno de esos municipios que permanecen en el fuego cruzado. El año pasado, en enero, allí se cometió la primera masacre del departamento. A eso se suma el encierro que han tenido que sufrir algunas comunidades por cuenta de estas disputas, que, según alertó la Defensoría del Pueblo, el año pasado aumentaron –en relación con 2019– en 252 por ciento en todo el país y en esta región se presentó la situación más alarmante con alrededor de 33.627 personas (9.997 familias) confinadas, algunas de ellas a razón del paro armado impuesto por el ELN y el EPL en el primer trimestre.

El confinamiento es una manera de nombrar lo fatal que la pasan estas familias, pues hasta los celulares están bajo la lupa de los grupos que se enfrentan en el territorio. En una ocasión, según conoció SEMANA, a los habitantes de una de las zonas de la región les pidieron los móviles y se los regresaron dos días después. De esta manera evitaron las alertas.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, ha hecho denuncias constantes frente a estas situaciones, pero las instituciones poco han reaccionado. “Nosotros no podemos entender la inacción de las autoridades porque ellas saben lo que está pasando”, comparte haciendo énfasis en que ha participado en diversas reuniones con entidades estatales y la fuerza pública, buscando una respuesta adecuada a situaciones como la que vive la comunidad de Tibú, pero nada sucede.

Luego de salir de la iglesia, la comunidad de La Silla buscó garantías para trabajar. Sin embargo, el temor por minas sembradas en los campos y que no pudieran movilizarse con tranquilidad por la zona los llevó a insistir ante la administración municipal y la gobernación por apoyo. Al no tener las garantías se desplazaron hasta la vereda Ambato, donde se resguardaron en la escuela. Luego de varios días de espera, recibieron atención de organismos internacionales, instituciones estatales y de la Defensoría del Pueblo, pero llegó la amenaza de que no debían permanecer en esa vereda, que debían regresar. Algunas familias se devolvieron, otras arrancaron para Cúcuta.

Ahora dicen que tienen temor y preocupación, además lamentan que el Estado no actúa para brindarles garantías y protección. “El año pasado fue lo mismo. Convocando instituciones, acciones urgentes para una respuesta adecuada porque están pasando muchísimas cosas, muy graves, en el territorio, hay un despliegue militar, pero no hay seguridad. La gente sigue recibiendo toda clase de violación de los derechos humanos, atropellos e intimidaciones. No sienten que se les esté protegiendo. Entonces es como lo mismo, y la misma respuesta de las autoridades”, puntualiza Cañizares.