Nación
Defensoría del Pueblo alerta sobre riesgos por erosión del río Sinú: “5.000 familias quedarían incomunicadas”
La entidad había emitido hace poco más de un año un informe sobre las problemáticas en la cuenca. Solicita actualizar los planes de gestión del riesgo.
Una reciente visita realizada por la Defensoría del Pueblo al corregimiento de Sabana Nueva, en el municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba, ha revelado una situación alarmante: la acelerada erosión del río Sinú.
Específicamente, en el área conocida como Santa Lucía, se ha observado un avance preocupante que podría dejar incomunicadas a aproximadamente 5.000 familias, de acuerdo con la entidad.
La Junta de Acción Comunal de Sabana Nueva ha denunciado los riesgos que esto conlleva, ya que la falta de comunicación con otras localidades y la limitada movilidad afectarían gravemente a pequeños ganaderos y cientos de campesinos, quienes se verían imposibilitados de transportar sus productos agrícolas hacia el centro urbano.
Además, líderes sociales de Sabana Nueva han dado a conocer otra problemática preocupante relacionada con los puentes del Canal y El Higo.
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El primero presenta grietas evidentes, mientras que el segundo, construido de manera comunitaria en madera después de su colapso en septiembre del año pasado, muestra indicios de posibles fallas en su estructura.
Ante esta situación crítica, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las administraciones de los ocho municipios de Córdoba que se encuentran a lo largo de las riberas del río Sinú, así como a las entidades departamentales y nacionales competentes, para que actualicen y fortalezcan los planes de gestión del riesgo.
Estos riesgos han sido documentados en el ‘Informe defensorial: valoración de las principales problemáticas de la cuenca del río Sinú asociadas a la contaminación del recurso hídrico y a los procesos de erosión e inundación’, presentado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en mayo de 2022 en Montería.
En dicha ocasión, se dieron a conocer las principales preocupaciones relacionadas con la cuenca del río Sinú, incluyendo la contaminación del recurso hídrico, los procesos erosivos y las inundaciones. Para la entidad, es imperativo que se tomen medidas inmediatas para abordar esta problemática y proteger a las comunidades que dependen del río Sinú para su sustento y bienestar.
Defensoría pide atender emergencia tras sismo en Puerto Escondido
Por otra parte, tras los movimientos sísmicos que sacudieron a Puerto Escondido, Córdoba, el pasado 24 y 29 de mayo, la Defensoría del Pueblo tomó cartas para evaluar las condiciones y afectaciones derivadas de estos fenómenos geológicos.
El defensor del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que unan esfuerzos y brinden asistencia a la contingencia causada por estos eventos.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que, de forma articulada, asistan la contingencia provocada por los movimientos telúricos de los últimos días en Puerto Escondido. Invocamos la salvaguarda del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en congruencia con la protección de los derechos fundamentales a la vida, salud, educación, seguridad alimentaria y vivienda digna”, pidió el defensor Camargo Assis.
Un equipo de la Defensoría del Pueblo se desplazó hasta el municipio de Puerto Escondido para examinar la situación. Los servidores públicos visitaron el albergue temporal ubicado en el Centro de Vida del Cerro Santacruz, donde se encontraban alojadas 15 familias que fueron obligadas a evacuar sus viviendas.
“Sobre este punto en particular, hago un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que acompañe los procesos a los que haya lugar, dada la presencia de niñas y niños en el albergue”, solicitó Camargo Assis.
Con el objetivo de establecer una estrategia para abordar la emergencia, la Defensoría del Pueblo participó en el Puesto de Mando Unificado Ampliado, realizado el 31 de mayo en las instalaciones de la Alcaldía de Puerto Escondido, junto a diversas entidades involucradas.
El defensor del Pueblo exhortó a los concejos locales, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a actualizar los planes de gestión del riesgo y cumplir los estándares de protección efectiva de los derechos de las comunidades.
Por último, la Defensoría del Pueblo enfatizó en la importancia de que las autoridades municipales y departamentales realicen un censo rápido de la población potencialmente afectada, a fin de brindarles de manera oportuna la ayuda humanitaria necesaria.
De igual forma, Camargo Assis reiteró su compromiso y acompañamiento continuo a todas las comunidades afectadas.
“Insistimos en que los albergues temporales deben garantizar el bienestar de las comunidades. Reitero el compromiso y acompañamiento continuo de esta institución nacional de derechos humanos a todas las comunidades afectadas, y reitero la necesidad de aunar esfuerzos interinstitucionales que tiendan a la garantía efectiva de los derechos de las familias que se vieron en riesgo y tuvieron que abandonar sus viviendas”, puntualizó el defensor del Pueblo.