Defensoría del Pueblo emite alerta temprana tras disputas entre ELN y disidencias de las Farc por control de rutas del narcotráfico en Vichada

Las comunidades indígenas, los reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de víctimas en el municipio de La Primavera, departamento del Vichada, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “se encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales por la presencia y accionar de grupos armados ilegales que se disputan el control del área de frontera transnacional con Venezuela y de las rutas para el tránsito de economías ilegales que atraviesan la jurisdicción de esta localidad”.

Según la Alerta Temprana 015-23, la población en especial situación de riesgo son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente aquellos que habitan en el sector rural en inspecciones o resguardos indígenas “con tránsito de grupos armados no estatales, estructuras de narcotraficantes y bandas armadas”.

En la alerta, también se destacó la situación de las comunidades indígenas y autoridades ancestrales de los pueblos Sikuani, Cubeo, Cuiva, Sáliva, Piapoco y Waupijiwi en condición de desplazamiento forzado que viven en asentamientos.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través del Frente José Daniel Pérez Carrero, es uno de los grupos armados que tiene mayor influencia en el territorio de La Primavera. Desde enero de 2022, según la Defensoría, se ha producido un mayor reposicionamiento del grupo guerrillero, ganando mayor injerencia en la zona fronteriza con Venezuela y en las riberas de los ríos Meta y Orinoco.

Entretanto, la presencia de las disidencias de las Farc se realiza a través de la Comisión 16, alineada con la Nueva Marquetalia; también transitan la Comisión Santiago Lozada (del Frente Primero Armando Ríos) y el Frente 10 Martín Villa. Su actuar se concentra en las inspecciones Puerto Murillo, La Venturosa y Garcitas, en Puerto Carreño.

El Frente 10 Martin Villa se asienta sobre varios puntos del estado venezolano de Apure, “haciendo sobrepasos hacia las inspecciones La Venturosa (Puerto Carreño) y Nueva Antioquia en La Primavera, con el fin de realizar cobros extorsivos, entre otras actividades ilícitas”. De acuerdo con la Defensoría, también se ha sabido de la existencia de pistas clandestinas controladas por este grupo armado ilegal en el lado venezolano, desde donde exportan cargamentos de drogas.

Además, la entidad ha identificado bandas delincuenciales subcontratadas por los grupos armados para llevar a cabo acciones violentas por encargo, con mayor impacto en los cascos urbanos de Puerto Carreño y La Primavera. Todos estos grupos armados “están involucrados directa e indirectamente en la actividad del narcotráfico, y también controlan la minería ilegal de oro y coltán en ambos lados de la frontera”.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó que todos estos grupos armados se lucran del cobro de extorsiones en sectores rurales y urbanos, principalmente de los comerciantes y transportadores que realizan sus actividades a lo largo del río Meta.

Para el defensor Camargo, la presencia de estos grupos armados pone en riesgo la seguridad y la vida de las comunidades en La Primavera y exige una acción inmediata del Gobierno para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población afectada.

Esta alerta temprana se suma al llamado, urgente, por parte de la Defensoría para que las autoridades brinden apoyo a las comunidades indígenas del departamento del Chocó, donde se han reportado 15 casos de suicidio en lo que va del año 2023. Según las comunidades, estos casos son resultado de la presión generada por el conflicto armado interno y grupos violentos como el ELN y las Clan del Golfo.

“Es de suma importancia actuar cuanto antes. Las instituciones competentes deben aplicar el enfoque diferencial en esta problemática de salud mental causada por los efectos de las hostilidades a quienes están en medio del conflicto, diez de los casos reportados corresponden a mujeres. Se requiere una atención inmediata que esté en consonancia con las prácticas tradicionales de armonización que solicitan las comunidades afectadas”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.