Nación
Defensoría del Pueblo mediará para resolver casos penales: así será el plan piloto anunciado por el defensor Carlos Camargo
Dentro de las razones para impulsar esta forma de justicia alternativa está “mejorar la respuesta institucional para resolver los delitos”.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, anunció que la entidad dará inicio a un plan piloto para incorporar el mecanismo de mediación en el marco de los procesos penales como parte fundamental de la justicia restaurativa.
Esta propuesta implica la disponibilidad de mediadores en casos penales para buscar acuerdos entre la víctima y el victimario, permitiendo así resolver el conflicto a través del diálogo sin necesidad de recurrir al sistema penal.
El piloto de esta iniciativa se llevará a cabo en el Centro de Conciliación de la Defensoría del Pueblo, inaugurado en enero de 2023 en Bogotá. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se aplicará la mediación en delitos con penas mínimas inferiores a 5 años que solo afecten el ámbito personal, como hurtos menores, estafas, lesiones personales, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, entre otros.
“En la Defensoría del Pueblo conocemos de cerca la situación de los ciudadanos que exigen una justicia pronta y eficaz, así como la realidad en los centros penitenciarios, estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI), donde a diario se vulneran los derechos humanos. Existe hacinamiento y condiciones de salud y alimentación deplorables, pero sobre todo, en ese contexto es imposible lograr el propósito resocializador de la pena”, señaló el Defensor del Pueblo.
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Entre las razones para impulsar esta forma de justicia alternativa se encuentran mejorar la respuesta institucional para resolver los delitos, evitar condenas, reducir el hacinamiento y priorizar la reparación real a favor de las víctimas. También, de acuerdo con el defensor Camargo, permite que el infractor se comprometa a no repetir el delito y romper el círculo vicioso del crimen.
“Esta forma prioriza la reparación de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad del infractor y, al involucrar a la comunidad, facilita su resocialización”, afirmó Camargo Assis.
Según el defensor del Pueblo, “el país debe apostar por iniciativas que permitan ver la justicia más allá de lo estrictamente punitivo, tal como lo han expresado la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia. Es necesario incorporar innovaciones en la búsqueda de justicia, por lo que confiamos en que los resultados de este plan piloto podrían permitir avanzar en la consolidación de centros de conciliación de la Defensoría del Pueblo en otras regiones del país”.
De igual forma, Carlos Camargo destacó que “desde la Defensoría del Pueblo, estamos convencidos de que la justicia restaurativa es una herramienta valiosa que contribuye a resolver los conflictos sociales de manera integral, evita la reincidencia y promueve los procesos de resocialización de los infractores”.
Defensor del Pueblo sobre el PND
El anuncio de la puesta en marcha del plan piloto para mediar en casos penales se da un día después de que el defensor Carlos Camargo se refiriera a la polémica aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) por parte del Senado. Camargo expresó su preocupación por ciertos aspectos del PND que ahora se la juega en la Cámara de Representantes. Según el defensor, estos aspectos podrían tener un impacto directo en las poblaciones vulnerables, que deberían ser las más beneficiadas.
En cuanto a los efectos en la economía, Camargo Assis advirtió sobre la eliminación del subsidio energético para el estrato 3 y su reducción para los estratos 1 y 2, así como la posible eliminación del subsidio a la gasolina. Estas medidas podrían aumentar el costo de vida y restringir el acceso a bienes y servicios, especialmente para las personas más vulnerables.
“Frente a una situación de inflación y dificultades económicas como la que atraviesan miles de familias en Colombia es fundamental revisar la impacto de medidas del Plan en sectores como el energético, en el que se eliminaría el subsidio para el estrato 3 y se reduciría para los estratos 1 y 2″, indicó el defensor Camargo.
Asimismo, afirmó que “si se elimina el subsidio a la gasolina se vería reflejado en el costo de vida y el acceso a los bienes y servicios de los ciudadanos, en consecuencia, el Plan terminaría agudizando las dificultades económicas y restringiendo los derechos de las personas más vulnerables”.
Camargo Assis también destacó la necesidad de revisar detenidamente una nueva modalidad de contratación pública que se propone en el PND llamada “alianzas público-populares”. Aunque se busca una mayor participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo, para Camargo, no se garantiza la idoneidad de los contratistas.
“Esto pone en riesgo la ejecución de los proyectos, y puede atentar contra los principios de transparencia y competencia de la contratación pública, además no garantiza que existan menores costos para el Estado”, aseguró el defensor.
