Defensoría del Pueblo pide intervención urgente para emergencia humanitaria en Chocó

No es secreto que el departamento del Chocó vive en constante crisis de inseguridad, pobreza y problemáticas sociales de toda clase. La población está desesperada y en riesgo, a causa de la presencia de grupos armados ilegales y por esto, la Defensoría del Pueblo exige una intervención urgente.

“La población chocoana está sufriendo una emergencia humanitaria a la que debemos darle prioridad desde el Estado, dado el incremento de las vulneraciones a los derechos humanos por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, que se disputan el control de los territorios para el desarrollo de actividades criminales”, advirtió este jueves desde Quibdó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Además de los problemas estructurales que aquejan al departamento, es evidente que después del proceso de paz con las Farc, en Chocó se ha venido desarrollando una expansión, reacomodamiento y disputa de los grupos armados al margen de la ley.

“Las dinámicas del conflicto armado, que históricamente han permeado las zonas rurales, se han trasladado a los escenarios urbanos, como el caso de Quibdó, en donde el ELN amenaza con la consolidación de un frente urbano, a través de alianzas, la cooptación y la instrumentalización de bandas delincuenciales locales, para hacerle frente al grupo armado ilegal AGC”, explicó Carlos Camargo.

Si bien los principales grupos armados ilegales que hacen presencia en el departamento son el Ejército de Liberación Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también se ha reportado quelas estructuras armadas de alcance local como Los Chacales (en Bahía Solano), Los Colombianos y Los Mexicanos (en Quibdó) también están en el departamento, especialmente en contextos urbanos donde la violencia se ha exacerbado.

Para la entidad, una de las principales causas de violencia y vulneraciones a los derechos humanos en el departamento es la disputa de territorios colectivos, de interés estratégico grande para estos actores ilegales, que quieren el control en las cinco subregiones del departamento.

Como consecuencia de la confrontación de los grupos armados ilegales, con corte al 13 de septiembre, durante lo corrido de 2021 la Defensoría del Pueblo tiene un reporte de 94 eventos masivos de confinamiento que han afectado a 27.701 personas de 6.641 familias, pertenecientes a 81 comunidades indígenas y 13 afrodescendientes.

Además, la Defensoría ha registrado 18 eventos de desplazamiento forzado, 11 en comunidades indígenas y 7 en afrodescendientes, en nueve municipios: Bagadó, Bahía Solano, Alto Baudó, Nuquí, Bojayá, Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Medio San Juan y Litoral de San Juan. En total, en el mismo lapso, tuvieron que dejar sus territorios 5.943 personas, de 2.311 familias. Además, ha verificado el desplazamiento intraurbano de 209 personas en 2021.

“La situación actual en materia de derechos humanos en el Chocó es crítica. Además de los desplazamientos, confinamientos y combates, fueron asesinados 15 ciudadanos en proceso de reintegración luego de la firma de paz, 7 de ellos en Quibdó. El año pasado asesinaron a 16 líderes sociales y este año 4”, explicó el defensor del Pueblo.

De hecho, la mitad de los municipios del departamento del Pacífico mantienen alertas tempranas vigentes emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas, en las que se advierten, precisamente, distintas vulneraciones a los derechos humanos.

Las principales conductas vulneratorias sobre líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos son el despojo de tierras, el confinamiento, la desaparición forzada, homicidios, entre otros.

“Por todo esto, seguimos insistiendo en que se deben adoptar acciones concretas, oportunas y efectivas, enfocadas a la disuasión del riesgo advertido, acciones de prevención, protección y garantías de no repetición, acciones dirigidas a la protección de niños, niñas y adolescentes y prevención de riesgos de violaciones a sus derechos, así como el fortalecimiento de capacidades locales para mitigar los riesgos advertidos”, concluyó Camargo.