Glifosato, una amenaza para Putumayo

Desde hace varias semanas el glifosato se volvió, una vez más, tema de debate en el país. Todo a raíz de la posición del Ministerio de Salud, que recomendó con base en información científica suspender el uso de este químico. Las posiciones desde entonces no se han hecho esperar. Procuraduría, Ministerio de Defensa, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones, han expresado sus puntos de vista sobre si es pertinente o no vetar el herbicida.

El jueves se conoció que el Consejo Nacional de Estupefacientes, del que hacen parte los ministerios de Justicia, Salud, Relaciones Exteriores, Educación, Defensa, además de la Fiscalía General, la Procuraduría General y un delegado de la Policía Nacional, define si se sigue o no con el uso del glifosato para la erradicación aérea de los cultivos ilícitos. La sustancia ha sido relacionada como posible agente cancerígeno.

Sin embargo, el Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, dio algunas puntadas del tema en reunión con la bancada conservadora del Congreso. El presidente de la colectividad azul, David Barguil, confirmó que el mandatario plantea también la suspensión de las aspersiones con el agroquímico.

Hace años el Estado tomó la decisión de usar la fumigación aérea con este químico para destruir los cultivos ilícitos. Pero más allá de lo que parece ser una herramienta para combatir en sus primeras etapas al narcotráfico, el glifosato es mirado con recelo por el daño que causa a quienes más están expuestos, como campesinos e indígenas.

En desarrollo de la polémica, la Defensoría le puso rostro al tema. Para ello realizó un informe solicitado por la Corte Constitucional, en el que quedan claros los efectos adversos de este químico en la población.

El ente visitó en febrero y marzo de este año 378 familias de 10 resguardos indígenas de Putumayo -que interpusieron una acción de tutela por los efectos de este herbicida- y comprobó que el glifosato hace un gran daño a la salud de los humanos, a la flora y fauna.

Yu’cxijme, del municipio de Puerto Caicedo, conformado por 118 familias, fue uno de los cabildos visitados. Esta comunidad empezó a vivir las fumigaciones desde hace 14 años. Al principio, ni siquiera sabían qué era lo que un helicóptero esparcía del cielo. Nadie nunca les consultó lo que ocurría ni les advirtió sobre sus nefastos efectos.

Estas familias empezaron a saber que no era nada bueno cuando, gracias a la contaminación, los cultivos de pancoger –maíz, plátano, cebolla y yuca– se redujeron al mínimo. Justo lo que les permitía sobrevivir.

Como si eso fuera poco, el río Piñuña Blanco; las quebradas Agua Blanca, El zarzal, Palma Verde, Carrizal, y el caño Agua Mona se contaminaron. Los peces empezaron a morir y la pesca dejó de convertirse en el sustento diario de este cabildo.

Eso no es todo. Desde cuando llegó el glifosato una epidemia empezó a rondarlos: diarrea, gripa, fiebre, vómito, dolores de cabeza. Decenas de personas presentan los mismos síntomas y han tenido que acudir al hospital, pues al estar todas las plantas infectadas con ese herbicida sus médicos tradicionales no pueden arriesgarse a hacer tratamientos naturales.

Este cabildo es sólo un ejemplo de lo que viven 378 familias de diez cabildos –1.378 personas– evaluados por la Defensoría en su trabajo de campo.

“Se observa que ellas hacen referencia a problemas comunes asociados al efecto de la fumigación de cultivos de uso ilícito por efecto del glifosato, debido a las múltiples afectaciones para su vida, integridad individual y colectiva, su identidad cultural, prácticas tradicionales, ambiente y recursos naturales (fuentes hídricas, especies de flora y fauna), de los cuales derivan la pervivencia cultural y seguridad alimentaria en condiciones de dignidad”, asegura el organismo en su detallado informe.

La salud de estas personas y los nefastos efectos en la flora y fauna son unas de las razones por las que este ente de control respalda la recomendación de suspender las fumigaciones con glifosato en el país.