Defensoría del Pueblo puso en su sitio al ELN por paro armado en Chocó; “es una clara violación a las libertades”

A pesar de que el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habían llegado a un acuerdo para prolongar por seis meses el cese al fuego, se pudo conocer hace apenas algunas horas que el grupo guerrillero hará un paro armado que busca aislar a las comunidades del departamento del Chocó.

El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez emitió esta orden que infunde terror entre los habitantes del Pacífico colombiano debido a sus acciones criminales. Esta restricción no es algo nuevo en la región. A partir de este sábado 10 de febrero, las personas no podrán transitar por los afluentes clave de la zona, ya que la seguridad estará bajo su control.

“Se vienen presentando combates con nuestro Ejército de Liberación Nacional en defensa de las comunidades, seguimos denunciando la colusión entre militares y paramilitares de la región. Por tal motivo declaramos paro armado indefinido en los ríos San Juan, Sipí y Cajón”, señaló el ELN en un documento.

“Invitamos a la población a que se abstenga de moverse para evitar incidentes”, agregó el grupo guerrillero. Como era de esperarse, el anuncio del paro armado del ELN causó un gran rechazo a lo largo y ancho del territorio nacional.

El anuncio del paro armado fue tan repudiable que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, y la propia Defensoría, emitieron un comunicado sobre el mismo. Esto fue lo que indicaron:

“‘No han pasado cuatro días desde cuando las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del ELN acordaron la prórroga del cese al fuego por 180 días en Colombia y ya el Frente de Guerra Occidental del grupo rebelde anunció por medio de un comunicado, el cual rechazamos tajantemente, un paro armado en el departamento del Chocó', manifiesta el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El paro armado, primero del año, el cual entrará en vigor a partir de las cero horas del 10 de febrero en la subregión del San Juan, particularmente en los municipios de Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita, enfatiza Camargo Assis, ‘es una clara violación a las libertades de la población civil. Esto implicaría el confinamiento de alrededor de 27.000 personas’.

Para la entidad de derechos humanos, es imperioso que el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental, este último delinque en el departamento de Arauca, se incorporen y ciñan a las negociaciones de paz que actualmente son adelantadas entre el Gobierno central y la guerrilla a la que pertenecen.

“Lo dijimos hace contados días y lo retiramos una vez más: de darse una posible finalización de la lucha armada del grupo armado ilegal, vía conversaciones, es clave que los dos frentes se sumen a los diálogos, con la finalidad de evitar que no sean la génesis de futuras disidencias, situación que tendría como cruel consecuencia el prolongamiento del conflicto armado tanto en Chocó como en Arauca”.

Desde el 2018, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, la Defensoría ha emitido 42 documentos de advertencia y prevención sobre los peligros a los que están expuestos los habitantes del departamento, que históricamente han tenido que padecer la crudeza del conflicto armado interno.