Defensoría del Pueblo reclamó por falta de cumplimiento en las órdenes de la Corte para proteger a los indígenas en Guaviare y Meta

La violencia ha dejado grandes rezagos en Colombia. En medio a las balas, la sangre y la muerte que se ha tomado al territorio nacional por décadas, unas de las víctimas más afectadas fueron las poblaciones indígenas, las cuales han sido desplazadas u obligadas a cambiar su vida por completo por haber quedado en medio del conflicto.

En medio a la restitución, la Corte Constitucional ha solicitado en repetidas ocasiones que se salvaguarden los derechos humanos que cobijan a estas comunidades. Sin embargo, recientemente han saltado las alertas por el no cumplimiento de dichas órdenes del alto tribunal.

Por este motivo, la Defensoría del Pueblo citó a una audiencia pública, con el fin de hacer seguimiento a la situación de los resguardos Jiw y Nukak, los cuales se han asentado en los departamentos de Guaviare y Meta.

En dicha reunión, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dejó en entredicho el poco cumplimiento que ha habido frente a la Sentencia T-025 de 2004 del alto tribunal, la cual está relacionada con órdenes estructurales y medidas cautelares urgentes para los presuntos violadores de derechos.

“La crisis humanitaria de los pueblos Jiw y Nukak es consecuencia de factores estructurales asociados a la pobreza, la exclusión, el despojo territorial y el conflicto armado interno que vive el país desde hace 50 años. Hoy se ha exacerbado la vulnerabilidad de estas comunidades indígenas, pues han sido víctimas de desplazamiento forzado, de la pérdida de su territorio y de la ausencia de respuesta estatal con enfoque étnico diferenciado”, indicó Camargo.

Por otro lado, el ente público se pronunció acerca de la situación precaria de recursos que tienen dichos territorios poblados por indígenas y pidió acciones rápidas y efectivas frente a las condiciones.

“Han transcurrido más de once años de la emisión de medidas urgentes por parte de la Corte Constitucional en el Auto 173 de 2012 y no han tenido efectividad para el goce efectivo de derechos de los Jiw y Nukak, y la situación de contingencia de entonces se convirtió en una crisis permanente en el tiempo con mayores grados de peligro frente a la pervivencia física y cultural de estos pueblos”, añadió el Defensor del Pueblo.

Por otro lado, hizo un llamado de atención al Estado y pidió que se proceda de manera articulada, respetando las prácticas y creencias de dichas comunidades, a fin de ayudarlos a recuperar su dignidad.

“Adicionalmente, resaltamos la importancia de esta audiencia pública de la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a la Sentencia T-025 de 2004 sobre desplazamiento forzado, y agradecemos a la honorable magistrada Natalia Ángel Cabo por realizarla, tras la solicitud expresa que hicimos desde la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de nuestra función constitucional de la defensa de los derechos humanos”, finalizó el alto funcionario.

Por otro lado, recientemente se conocieron otros datos preocupantes que tienen que ver con comunidades indígenas, pero en otras zonas del país, como el Cauca.

Alerta: Defensoría del Pueblo preocupada por niños y jóvenes indígenas que intentan quitarse la vida en Vaupés

La Defensoría del Pueblo se pronunció, a través de un comunicado, frente a la alerta en crisis de salud mental en niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el departamento Vaupés, donde se reportan que en lo corrido del año son 68 los casos reportados de intentos de suicidio.

“Como Defensor del Pueblo hago un llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales en razón a la alarmante situación de intentos de suicidio en el Vaupés. Son 68 casos los registrados en lo que va del 2023. Es preocupante porque 35 corresponden a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 10 y 19 años, poco más del 50 % del total reportado”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.