Defensoría denuncia niños amarrados y torturas en una fundación

Lo que encontró la Defensoría del Pueblo en una fundación con sede en el municipio de Villeta, Cundinamarca, para los funcionarios que adelantaron la intervención está más cerca de una serie de delitos que de simples problemas de logística.

Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que recibieron las denuncias de varias personas sobre presuntos tratos crueles y hasta torturas en una fundación que mantenía en un solo espacio a niños, adultos mayores y personas en tratamientos de rehabilitación contra las drogas, fueron confirmadas en una visita sorpresa y donde identificaron un escenario más desgarrador que el narrado por los denunciantes.

Elizabeth Valero, directora regional de la Defensoría, aseguró que no encontraron registros, autorizaciones o las mínimas condiciones legales para que la fundación estuviese activa, recibiendo más personas y exigiendo cobros para su sostenimiento.

La fundación ubicada en una casa se encontraba en estado de abandono, aunque allí mantenían a los niños y el resto de personas, según manifestó la defensora regional para Cundinamarca. La denuncia la acompañan con imágenes que dejan en evidencia la situación de salubridad que claramente representa un riesgo para cualquier persona.

Defensoría advirtió que coordinaron con la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) para proteger los derechos de los niños y adultos mayores que permanecían en esta fundación, además de revisar la situación de las personas que supuestamente hacían parte de programas de rehabilitación.

“No contaban con las condiciones de seguridad y bioseguridad, además de salubridad identificamos que no existe una minuta, una persona específica para la preparación de alimentos, no tienen manual para la manipulación de los alimentos, no existen equipos psicológicos para que hagan la atención que supuestamente ofrecen a personas que están en proceso de rehabilitación”, aseguró la funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

Las fotos del procedimiento e intervención que adelantó la Defensoría en compañía de la Policía y otras autoridades municipales muestran un escenario turbio y que en criterio de esas mismas autoridades, no podría ofrecer de ninguna manera un servicio social a personas en estado de vulnerabilidad.

“Encontramos piscinas con agua estancada, con larvas y estamos hablando del municipio de Villeta que es una zona endémica, donde pueden proliferar enfermedades de transmisión por insectos como el dengue”, dijo Elizabeth Valero, defensora Regional para el departamento de Cundinamarca.

Las autoridades también señalaron que de las 32 personas, siete eran menores de edad que convivían junto a quienes estaban en esos tratamientos psicológicos y de rehabilitación, lo que claramente representa un riesgo para los propios menores.

“Esto nos encendió todas las alarmas, adicionalmente encontramos menores de cinco años que convivían allí y que al parecer son hijos de las personas que laboran en la fundación, es una cadena sistemática de inconsistencias y de afectación grave a los derechos humanos”, advirtió la funcionaria.

Las indagaciones de la Defensoría advierten que la fundación es un brazo de una iglesia cristiana y las personas que se encontraban allí o sus familiares debían pagar una cuota mensual y a partir de esos recursos que funcionan en esos espacios.

La funcionaria de la Defensoría advirtió que se compulsarán las copias a las autoridades correspondientes porque tienen evidencia y denuncias de personas que estuvieron en esa fundación que aseguran que fueron víctimas de actos crueles, incluso de hechos que podrían considerarse como tortura.