NACIÓN
Defensoría denuncia que afectados por huracán Iota duermen a la intemperie
El defensor Carlos Camargo sostuvo que los afectados por el huracán Iota no están en albergues debido a la calidad de los plásticos y carpas que son arrastrados por los vientos.
Luego de la visita humanitaria del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que quedaron un 98 por ciento destruidas por el paso del huracán Iota, se conoció una dura carta del funcionario al Gobierno nacional en la que hacen un llamado de atención por las cosas que faltan por hacer para recuperar en su totalidad la zona isleña del país.
En el documento, Camargo sostiene que si bien reconoce que el presidente Iván Duque y los funcionarios que trabajan para recuperar las islas han hecho una labor de acción rápida y oportuna para restablecer los servicios esenciales, aún queda mucho por hacer.
El defensor alerta que en las islas, todavía hay personas que no están durmiendo en los albergues y se encuentran en la intemperie “debido a la calidad de los plásticos y carpas que son arrastrados por los vientos, situación que reviste especial gravedad ante las fuertes lluvias que aún afectan el archipiélago, puesto que constituye un factor de riesgo para la salud, especialmente de niños y adultos mayores”, señala Camargo en la misiva.
Además, el funcionario sostiene que para enfrentar esta situación se necesita contar con carpas de campaña y especialmente tejas u otro tipo de elementos que posibiliten de manera rápida la adaptación de los techos de las viviendas.
Asimismo, el defensor señaló que en primer lugar es esencial que se incorpore un enfoque diferencial, raizal, de género, sin discriminación y que tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, los niños, jóvenes y adultos mayores.
Entretanto, exigió mejorar la red de distribución de ayudas, alimentos y agua potable, así mismo las rutas de entrega de medicamentos e información a la comunidad para garantizar la accesibilidad a todos los afectados. El defensor aseguró que en los albergues deben adoptarse medidas para prevenir la violencia basada en género, violencia intrafamiliar y violencia sexual.
Según el funcionario, es preciso contar con una amplia red de profesionales en asistencia psicosocial, atención a infancia y adultos mayores, salud mental, sexual y reproductiva, médicos, enfermeras, bacteriólogos y maestros que posibiliten un apoyo permanente y eficiente a la comunidad.
Sobre el sistema de salud en las islas, señaló que es urgente la creación de la Empresa Social del Estado que fue autorizada por la Asamblea Departamental, para que opere los hospitales de San Andrés, Providencia y el puesto de salud de San Luis. Sobre Providencia, dijo que se requiere la reconstrucción del hospital y la habilitación de la EPS Sanitas para garantizar el acceso al servicio de salud.
Acciones inmediatas
Vale mencionar que hace algunos días, el defensor emitió la resolución 075 con la que hizo recomendaciones para garantizar los derechos de las 296.000 personas afectadas por las lluvias en 244 municipios de 22 departamentos de Colombia.
Bolívar, Chocó, La Guajira, Norte de Santander, Antioquia y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son los más afectados del país, según los datos de Naciones Unidas y de su Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), pues han sufrido el golpe devastador de la temporada de lluvias que, acompañada por el fenómeno de La Niña y la temporada de huracanes, que ya terminó, ocasionó pérdidas materiales y de vidas humanas.
El documento publicado por la entidad exige a las autoridades nacionales y territoriales planes de contingencia con recursos humanos, logísticos y económicos para la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Además, contempla fortalecer la respuesta en accesibilidad, transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños, búsqueda y rescate, extinción de incendios, manejo de materiales peligrosos, saneamiento básico, servicios públicos, atención en salud, así como seguridad y convivencia con enfoques étnico de género y edad.
“Corresponde a la Defensoría del Pueblo llamar la atención de las autoridades del orden nacional y territorial para que activen los planes de contingencia y dispongan de los recursos humanos, logísticos y económicos necesarios para hacerles frente, buscando en todo momento la disminución de los daños y la evacuación o protección de las poblaciones más vulnerables”, dice la resolución.
Además, exhorta a las EPS a agilizar el suministro y dar garantía permanente al acceso de medicamentos, tratamientos y procedimientos para los pacientes crónicos y a quienes, como consecuencia de los desastres climáticos, hayan visto afectada su salud. En el mismo sentido, dice que el Ministerio de Salud debería garantizar que el personal necesario para la operatividad de los centros de salud permanezca en el lugar.