Nación
Defensoría destaca que la Uspec prorrogue contrato para suministro de alimentos en las URI; ¿hasta cuándo se extendió?
La entidad instó a los actuales mandatarios locales y a quienes están aspirando a alcaldías y gobernaciones, a cumplir con los compromisos pactados en la mesa de concertación.
La Defensoría del Pueblo celebró el acuerdo alcanzado para evitar la interrupción del servicio de alimentación en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), en Colombia, que afectaría a más de 17.500 personas privadas de la libertad. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) había manifestado su intención de cesar la prestación de este servicio a partir del 31 de julio, alegando que esta responsabilidad recae en los municipios y departamentos, según la ley.
La Uspec, que suministra la alimentación al 75 % de los detenidos en estos centros, ha acordado prorrogar el contrato hasta el 31 de octubre de este año, mientras se espera la aprobación de un proyecto de ley que extienda el servicio hasta junio de 2024. Durante este tiempo, los alcaldes y gobernadores salientes y entrantes deberán ajustar sus presupuestos para garantizar la prestación continua y definitiva de este servicio esencial.
“Con este acuerdo se garantiza la prestación del servicio de alimentación en los centros de detención transitoria. Desde la Defensoría del Pueblo esperamos que se mantenga el ánimo constructivo de la mesa para que el acuerdo se cumpla a cabalidad y se garantice el derecho al mínimo vital de alimentación para los privados de la libertad, que están en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Esta mesa de diálogo fue convocada por el Ministerio de Justicia en respuesta a una recomendación realizada por la Defensoría del Pueblo en su informe especial sobre el suministro de alimentación en los Centros de Detención Transitoria. Las asociaciones que representan a los entes territoriales se comprometieron a socializar el acuerdo con los mandatarios locales salientes y a solicitar que se reserven los recursos necesarios en los presupuestos, para asumir la responsabilidad de la alimentación a partir de julio del próximo año.
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Además, se acordó que se mantendrá la mesa de diálogo para revisar el avance de los acuerdos y realizar propuestas que aseguren la prestación continua del servicio. El Defensor del Pueblo hizo un llamado a los actuales mandatarios locales y a los candidatos a alcaldías y gobernaciones para que cumplan con estos compromisos y se preparen para asumir su responsabilidad a partir de la fecha acordada.
“Hacemos un llamado a los actuales mandatarios locales y a todos los candidatos a alcaldías y gobernaciones para que honren estos compromisos y se preparen para asumir su responsabilidad a partir de la fecha acordada”, indicó el defensor Camargo.
La mesa de diálogo contó con la participación de la Uspec, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Asociación de Ciudades Intermedias de Colombia (Asointermedias), la Federación Nacional de Departamentos (Fedepartamentos) y la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios).
Asocapitales y Asointermedias sobre alimentación en las URI
Precisamente, las Asociaciones de Ciudades Capitales y Ciudades Intermedias habían manifestado el pasado 5 de julio su rechazo, a la decisión de que la Uspec dejara de prestar el servicio de alimentación a los privados de la libertad, que se encuentran en todas las estaciones de Policía y URI del país, a partir del próximo 31 de julio.
“En las actuales circunstancias, la decisión de la Uspec de no suministrar más alimentación a las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, está poniendo en riesgo sus derechos fundamentales. Asimismo, se aparta de lo establecido por la Corte Constitucional e interpreta de manera errónea sus órdenes, las cuales incluyen la obligación de asesorar, acompañar y cofinanciar a las entidades territoriales”, señalaron Asocapitales y Asointermedias en un comunicado.
Las asociaciones subrayaron que la Uspec “no solo tiene la obligación legal, sino que además cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar la alimentación”. “En 2023, le fueron asignados $647 mil millones de pesos, para la alimentación de las personas privadas de la libertad incluidas las que se encuentran en las Unidades de Reacción Inmediata, URI, y estaciones de policía”, agregaron.
“De las 22 mil personas que aquí se encuentran, 1.600 son ya condenadas y deberían estar en las cárceles nacionales, sumadas a las incontables personas que están asumiendo las ciudades capitales de otros municipios y que debería ser un trabajo de coordinación de las gobernaciones. Ante las evidencias, el llamado de la Procuraduría General de la Nación debe recaer principalmente en la Uspec”, sostuvieron en la comunicación Asocapitales y Asointermedias.
