Defensoría destacó avances del gobierno Duque en la puesta en marcha del Acuerdo de Paz

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó un informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana bajo el mandato del presidente Iván Duque.

Allí hizo una verificación del cumplimiento de las metas y responsabilidades. Destacó los esfuerzos en planeación, aspectos presupuestales, técnicos y administrativos.

“Hay quienes ven el vaso medio lleno y otros el vaso medio vacío; sin embargo, luego de revisar los avances, poner de manifiesto las dificultades y advertir los mayores retos, desde la Defensoría del Pueblo somos optimistas en que el país avanza firme en el propósito de cumplir con las metas que el Acuerdo de Paz se propuso al finalizar la presente década”, destacó el defensor Camargo.

Agregó que luego de una fase de planeación, el Acuerdo de Paz se encuentra en una etapa de aceleración. Pidió que el gobierno entrante pueda mantener el ritmo para continuar los distintos temas y avanzar en los que faltan.

“Estamos convencidos de que las bases que se han forjado en los últimos años nos permitirán superar la dificultades y alcanzar muy pronto la meta de la paz que tanto hemos anhelado”, dijo el defensor del Pueblo.

Con respecto a los avances encontrados, destacó que en materia de tierras se ha logrado que se entreguen 1.442 predios a 6.384 familias. Al Fondo de Tierras han ingresado 1.912.839 hectáreas que corresponden a 16.923 predios, es decir, el 63,8 % de los 3 millones de hectáreas establecidas en el Acuerdo de Paz.

Asimismo, la Defensoría destacó que en 10 de los 24 antiguos espacios territoriales (AECTR) ya hay predios comprados para la consolidación y estabilización. Además, de los 16 planes sectoriales necesarios para la reforma rural integral ya hay 14 adoptados y 2 se encuentran próximos a oficialización.

En el caso de los Pdet, la inversión que se hizo con fecha de corte a febrero fue de 13,2 billones de pesos. Y solo en 2021 se ejecutó el presupuesto invertido equivalente a los cinco años anteriores.

Sobre los programas de sustitución de cultivos ilícitos, la Defensoría registró que el 92 % de las familias beneficiadas han recibido pagos de asistencia alimentaria; el 91 % asistencia técnica integral; el 82 % han sido beneficiarios de proyectos de seguridad alimentaria, y el 55 % con proyectos de cultivos de ciclo corto.

Por otro lado, algunos de los grandes retos, según la Defensoría, es que en materia de acceso a tierras es necesario incrementar el porcentaje de las adjudicaciones, que se cree una jurisdicción agraria con el concurso del Gobierno y el Congreso, y que haya mayor implementación del catastro multipropósito en el país para 2025.

Asimismo, que en el caso de los planes nacionales sectoriales ya aprobados se implementen temas relacionados al desarrollo rural, como vías, electrificación, conectividad, agua potable, saneamiento básico, entre otros.

Con respecto al programa de sustitución de cultivos, el informe de la Defensoría señaló que el desafío más urgente es gestionar un presupuesto faltante para que se culminen los programas que se acordaron con las familias beneficiarias.

Para el caso de los territorios Pdet, piden fortalecer los escenarios de participación de las organizaciones sociales y la ejecución de proyectos y obras. Además, que se mitigue la situación de violencia en algunas zonas y disponer de acciones para disminuir el asesinato de líderes sociales y excombatientes.

A estos últimos les pidió fortalecer su participación en el sistema de verdad, justicia y reparación para la reparación integral de las víctimas.

El defensor Camargo destacó que desde la entidad que dirige está comprometido con el seguimiento de la implementación de esos acuerdos. “El reconocimiento de los logros, dificultades y desafíos constituyen un examen de conciencia en el que las autoridades públicas y los ciudadanos deberán converger en aras de continuar en la construcción de una paz estable y duradera”, señaló Camargo.