Defensoría emite alerta temprana por acción de grupos armados en Chocó

Ante los riesgos en los municipios de Medio San Juan e Istmina, debido a la presencia de grupos armados ilegales, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana para que se tomen las acciones para proteger la vida de los pobladores de esas dos poblaciones de Chocó.

La situación fue conocida de primera mano por el titular de ese despacho, Carlos Camargo, quien se reunió con la población afrocolombiana e indígena de esos municipios que ha resultado víctima de desplazamiento forzado por las acciones armadas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

“Vine a sus propios territorios para acompañarlos, apoyarlos y decirles que estamos trabajando para proteger sus derechos humanos. Ahora que son víctimas del desplazamiento forzado y del confinamiento, les reitero que, como Defensoría, seguiremos prestos para impulsar la gestión estatal que sea necesaria para que se restablezcan sus derechos”, señaló el defensor del Pueblo.

Camargo dio a conocer la Alerta Tempana de Inminencia 020- 21 para los municipios de Medio San Juan e Istmina, en Chocó, en la que se advierte la situación de desplazamiento forzado, confinamiento, homicidios y elevado riesgo de enfrentamientos, que infringen el principio de precaución del Derecho Internacional Humanitario (DIH) sobre la población afrocolombiana perteneciente a los Consejos Comunitarios de Acadesan, Cocominsa y al Resguardo Indígena de Unión Wounaan, La Lerma y Macedonia del Pueblo Wounaan.

De acuerdo con el documento, desde el pasado 15 de agosto hay combates entre el ELN y las AGC, luego de que se acabó un pacto entre esos dos grupos armados ilegales que habían iniciado en el año 2017 por el control del territorio, las rentas de las economías ilegales, la cadena del narcotráfico, los cultivos de uso ilícito y procesamiento de coca, y la extracción ilícita de recursos naturales, minería y exploración de madera, entre otras actividades criminales.

Los enfrentamientos se presentan porque las AGC buscan entrar a territorios que venían siendo controlados por el ELN, y de este grupo hacia territorios de dominio de las AGC. Los pasados 12 y 13 de agosto, las AGC ingresaron a la comunidad de la Unión, Dipurdu y El Guasimo, en el municipio de Medio San Juan, donde pintaron las viviendas con logos alusivos al grupo armado ilegal y retuvieron e interrogaron a civiles.

El 14 de agosto, el ELN asesinó a un civil en cercanías de la comunidad de Negría (Istmina), según las denuncias, porque habría sido acusado y señalado de ser informante de las AGC. Al día siguiente, el 15 de agosto, hubo combates entre el ELN y las AGC en la parte alta de la comunidad de Dipurdú y por la zona del cementerio.

Esto causó que —aproximadamente— 965 familias y 1227 personas se desplazaran hacia la comunidad de San Miguel. Otras familias se habrían desplazado de la comunidad La Unión (Medio San Juan) al municipio de Istmina.

Los que resisten al desplazamiento forzado se encuentran en situación de confinamiento, es decir, cerca de 1.391 personas pertenecientes a las comunidades de la Unión, San Miguel e Isla de Cruz.

“Aunque algunas familias han logrado llegar hasta la cabecera municipal de Medio San Juan y a Istmina, el riesgo de desplazamiento forzado sigue latente mientras persistan las acciones de los grupos armados contra la población civil. Por esta razón, desde la Defensoría del Pueblo hago un llamado a las autoridades para fortalecer la presencia institucional y para garantizar los derechos de los habitantes de una de las regiones más golpeadas por la violencia”, puntualizó Carlos Camargo.

Emboscada a unidad de la Armada en Chocó

El anuncio de la alerta temprana se conoce, además, dos días después de que una unidad de la Armada Nacional, que pertenece a la fuerza de tarea conjunta Titán, fuera atacada por organizaciones armadas ilegales.

El ministro de Defensa, Diego Molano, entregó detalles sobre cómo se dio la acción criminal contra los integrantes de la fuerza pública, que dejó un suboficial muerto y cinco más heridos.

Según el funcionario, los militares se movilizaban por el Río Atrato en el Chocó para acompañar a uno de ellos a asistir a la cita que le habían asignado para la vacunación contra la covid-19. Luego de acudir al llamado de las autoridades de salud, los integrantes de la Armada estaban regresando a su respectiva unidad militar, cuando en el camino se encontraron con un cambuche que les generó sospecha.

Al momento de hacer la respectiva inspección, fue activada una carga explosiva en contra de los uniformados que causó la muerte de un suboficial y dejó heridos a otros cinco. Según Molano, de los cinco heridos tres ya fueron dados de alta, mientras que dos continúan hospitalizados.

De acuerdo con el ministro, se está realizando la investigación para establecer a los autores del atentado contra los militares, teniendo en cuenta que en esta región del país hacen presencia la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo.

El ataque a la fuerza pública en la región donde delinque el ELN se presentó horas antes a que las autoridades colombianas le entregarán a Estados Unidos a dos importantes cabecillas de esa guerrilla en calidad de extradición, para que respondan por narcotráfico.

Los extraditados son: Yamit Picón Rodríguez, alias Choncha, y Henry Trigos Celón, conocido solo como Henry, señalados de haber hecho parte del frente urbano del Frente de Guerra Nororiental, área Magdalena. Ambos son requeridos por la Corte del Distrito Sur de Texas (EE. UU.) por el delito de narcotráfico y el segundo de ellos, adicionalmente, por concierto para delinquir.

Alias Choncha fue capturado con fines de extradición en septiembre de 2020 en Piedecuesta (Santander). Era el cabecilla financiero del mencionado frente y su influencia criminal se expandía a Cúcuta y los municipios de Ocaña, Ábrego, Convención, El Tarra y Tibú (Norte de Santander), y Aguachica y Río de Oro (Cesar).

Registra en el país dos casos vigentes en calidad de indiciado por los delitos de administración de recursos relacionados con actividades terroristas y rebelión. Así mismo, tuvo medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, lavado de activos y rebelión.

En cuanto a alias Henry, fue capturado con fines de extradición a EE. UU. en septiembre de 2020 en Magangué (Bolívar). Se encargaba del almacenamiento y la distribución de estupefacientes en el frente urbano del Frente de Guerra Nororiental. Registra una sentencia condenatoria por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Por otra parte, el también integrante del ELN José Gabriel Álvarez Ortiz, conocido como Gabriel y quien conformó el frente urbano del Frente de Guerra Nororiental, área Magdalena, fue solicitado por la Corte Sur del Distrito de Texas por el delito de narcotráfico, aunque su traslado a Estados Unidos se llevará a cabo luego.