Defensoría emite Alerta Temprana por enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central en Caquetá

En el municipio de Puerto Rico, Caquetá, los corregimientos de Santana Ramos y La Paz están sumidos en un riesgo inminente debido a los violentos enfrentamientos que han surgido entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, dos disidencias provenientes de las antiguas Farc. Estos grupos se disputan el control territorial y social, resultando en graves consecuencias para las comunidades locales.

La Defensoría del Pueblo ha respondido a esta alarmante situación emitiendo la Alerta Temprana de Inminencia 029 en 2023. El organismo advierte sobre los peligros que enfrenta la población civil atrapada en medio de los choques armados entre estos dos grupos disidentes. Un ejemplo reciente de esta amenaza ocurrió el 13 de agosto en el centro poblado de Santana Ramos.

Carlos Camargo Assis, el defensor del Pueblo, destacó la violación flagrante del derecho internacional humanitario por parte de estas estructuras armadas. A pesar de la presencia de comunidades en la zona de combate, los grupos continúan enfrentándose sin tomar en cuenta el principio de precaución.

“Las dos estructuras armadas están violentando el derecho internacional humanitario al desconocer el principio de precaución, pues se enfrentan a pesar de que las comunidades están en medio de las hostilidades. También están instalando artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal, y los líderes, lideresas, campesinos y la comunidad son amenazados; existen presiones y regulaciones en su vida cotidiana”, aseguró el defensor Camargo.

La Alerta emitida también pone en evidencia el asesinato de Rigoberto Ramos, signatario de paz y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo Londres, en el corregimiento La Paz. Este lamentable suceso se suma a las constantes restricciones a la movilidad, amenazas y asesinatos selectivos dirigidos a presuntos miembros de grupos armados ilegales.

Carlos Camargo Assis reiteró desde la Defensoría del Pueblo que los grupos armados ilegales están obligados a respetar tanto el derecho internacional humanitario como los derechos humanos, instándolos a mantener fuera de su accionar a las comunidades.

“Les recordamos a los grupos armados ilegales que están obligados a respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y dejar por fuera de sus acciones bélicas a la población civil”, aseguró el defensor del pueblo.

Los corregimientos Santana Ramos y La Paz poseen una importancia estratégica para la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, debido a los corredores de movilidad que conectan hacia el departamento del Huila y los Llanos Orientales. Incluso, algunos de estos corredores desembocan en la localidad de Sumapaz, en Bogotá. Estas rutas son presuntamente utilizadas para el traslado de miembros de estas organizaciones ilegales, armamento, establecimiento de áreas de descanso y aprovisionamiento, así como para el transporte de sustancias ilícitas.

En respuesta a esta situación crítica, Carlos Camargo Assis especificó que la Alerta Temprana de Inminencia presenta 18 recomendaciones destinadas a que el Estado implemente medidas humanitarias y de acción sin causar daño. Una de estas recomendaciones apunta a la habilitación de un corredor humanitario que brinde asistencia urgente a la comunidad confinada en Santana Ramos, a causa de los combates en curso.

Precisamente, esta Alerta Temprana se suma a la emitida este martes, 29 de agosto, por la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) en los corregimientos San José de los Chorros, Papayal y San Rafael de Lebrija, en el municipio de Rionegro, Santander. El riesgo de vulneración de derechos contra la población civil urgió a que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana de Inminencia 028 del 2023.

El monitoreo de la entidad permitió determinar que se han realizado extorsiones a comerciantes y a los habitantes de los lugares advertidos en la alerta, y evidenció que existen riesgos de amenazas contra líderes comunitarios. Las niñas, los niños y adolescentes también están expuestos, pues podrían ser instrumentalizados para la realización de labores específicas de “vigilancia”.