Defensoría exige mayor compromiso de entidades para garantizar cumplimiento de Ley de Víctimas: “Se requieren acciones efectivas”

La Defensoría del Pueblo manifestó la necesidad de que se tomen acciones concretas y efectivas para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, ya que se concluyó en el noveno informe de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) que se debe fortalecer la respuesta institucional en temas como presupuesto e indemnización, participación efectiva, atención humanitaria, educación superior, centros regionales de atención a víctimas, medidas de satisfacción, vivienda urbana y rural, restitución de tierras y rehabilitación psicosocial, entre otros.

Por ello, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las entidades públicas a seguir las recomendaciones emitidas por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CSMLV) durante las sesiones ampliadas de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del noveno Informe para el período 2021-2022.

La Defensoría ha expresado su preocupación por la “insuficiencia de los recursos destinados a satisfacer a las víctimas y sus derechos”.

“Si bien el Gobierno reconoció algunas de las dificultades evidenciadas en el informe, la Defensoría advierte que se requieren mayores esfuerzos en temas como generación de ingresos, centros regionales de atención a víctimas, sujetos de reparación de colectiva, retornos y reubicaciones, restitución de tierras, prevención y protección”, asegura la Defensoría.

Ante esto, la entidad pidió una mayor articulación institucional y la mejora de la implementación de los programas para lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas en un tiempo razonable.

En las sesiones ampliadas de seguimiento, la Defensoría, la Procuraduría General, la Contraloría General, y tres delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, quienes conforman la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se reunieron con 42 entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que expusieran una posición unificada y los planes de acción en cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la Ley 1448, frente a las 238 recomendaciones emitidas en el noveno informe radicado el pasado mes de agosto ante el Congreso de la República.

Campaña contra el reclutamiento forzado

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha intensificado su labor de divulgación y prevención en el departamento del Cauca, una zona del país que ha sido especialmente afectada por la violencia de grupos armados ilegales y la vulneración de los derechos humanos a niños, niñas y adolescentes (NNA) a través de su reclutamiento.

En este sentido, el vicedefensor, Luis Fajardo; la delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, Vanessa Martínez, y funcionarios de la Defensoría Regional Cauca, han estado realizando diversas actividades de divulgación en Popayán y Santander de Quilichao para visibilizar y reiterar el mensaje de prevención como parte de su campaña para contrarrestar este flagelo. Para ello, adelantaron jornadas de divulgación en las emisoras de la Universidad del Cauca, Radio Súper y de la Policía del departamento.

Otra actividad importante realizada por la Defensoría fue la reunión con líderes, lideresas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de cooperación internacional e integrantes del Comité Departamental de Prevención de Reclutamiento. En estas reuniones se conocieron de primera mano la situación en el departamento, las dinámicas actuales y cuáles son las acciones que se deben emprender para prevenir esta grave vulneración de derechos humanos.

Además, se realizó un círculo de la palabra con niños, niñas y adolescentes, en donde expresaron su percepción acerca del reclutamiento. De igual manera, se reforzó la idea de la campaña ‘NO ES NO’, porque los niños y niñas no deben ir a la guerra.

La estrategia defensorial de prevención del reclutamiento forzado fue lanzada por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en el año 2021. Desde entonces, de acuerdo con la entidad, esta iniciativa ha servido para impulsar acciones de prevención, atención, promoción y divulgación, así como la implementación y creación de estrategias de incidencia ante instancias del Estado, con el propósito de visibilizar esta problemática para la adopción de acciones para la garantía y restitución de derechos.

Con las campañas, “se busca que la comunidad conozca que la Defensoría realiza también acompañamiento judicial, acciones encaminadas a brindar atención y orientación a niños, niñas y adolescentes y víctimas de reclutamiento forzado o en riesgo de estarlo y sus familias, y la activación del aparato jurisdiccional para la investigación, juzgamiento y sanción de casos de reclutamiento. Además, es una oportunidad para la promoción del conocimiento de los derechos humanos y cómo prevenir este delito en el territorio nacional”.

Por su parte, la Regional Cauca recopiló información con otras entidades como Procuraduría, ICBF, fuerza pública, Fiscalía y Cruz Roja y el Comité de Prevención de Reclutamiento, y se identificaron 213 niños, niñas y adolescentes reclutados entre los años 2021 y 2022.

Además de estos 213 casos, la cifra por pertenencia étnica es de comunidades afro, seis; 111 indígenas; no étnico, 56, y no se pudo tener información completa de 40 niños.

“Es importante resaltar que la cifra mencionada no constituye la realidad de la situación, el subregistro del fenómeno es gigante y en parte, desde la Defensoría del Pueblo, hemos identificado que se debe a temor por denunciar, temor por represalias por parte de los grupos armados y amenazas a familias y comunidades”, señaló la entidad.