NACIÓN
Defensoría hace recomendaciones para garantizar los derechos de damnificados por la crisis invernal
Más de 290.000 personas se han visto afectadas en el país por cuenta de la temporada de huracanes y del Fenómeno de La Niña.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, emitió la resolución 075 con la que hizo recomendaciones para garantizar los derechos de las 296.000 personas afectadas por las lluvias en 244 municipios de 22 departamentos de Colombia.
Bolívar, Chocó, La Guajira, Norte de Santander, Antioquia y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son los más afectados del país, según los datos de Naciones Unidas y de su Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), pues han sufrido el golpe devastador de la temporada de lluvias que, acompañada por el fenómeno de La Niña y la temporada de huracanes, que ya terminó, ocasionó pérdidas materiales y de vidas humanas.
El documento publicado por la entidad exige a las autoridades nacionales y territoriales planes de contingencia con recursos humanos, logísticos y económicos para la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Además, contempla fortalecer la respuesta en accesibilidad, transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños, búsqueda y rescate, extinción de incendios, manejo de materiales peligrosos, saneamiento básico, servicios públicos, atención en salud, así como seguridad y convivencia con enfoques étnico de género y edad.
“Corresponde a la Defensoría del Pueblo llamar la atención de las autoridades del orden nacional y territorial para que activen los planes de contingencia y dispongan de los recursos humanos, logísticos y económicos necesarios para hacerles frente, buscando en todo momento la disminución de los daños y la evacuación o protección de las poblaciones más vulnerables”, dice la resolución.
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Entre otras cosas, y para promover el acceso y goce efectivo del derecho a la salud durante la emergencia, la entidad les recomienda a los ministerios y entidades específicamente, que garanticen de manera urgente y permanente el suministro de agua potable, los servicios de saneamiento básico y energía a las poblaciones vulnerables y damnificadas.
Además, exhorta a las EPS a agilizar el suministro y dar garantía permanente al acceso de medicamentos, tratamientos y procedimientos para los pacientes crónicos y a quienes, como consecuencia de los desastres climáticos, hayan visto afectada su salud. En el mismo sentido, dice que el Ministerio de Salud debería garantizar que el personal necesario para la operatividad de los centros de salud permanezca en el lugar.
Por otra parte, pide prevención y protección del riesgo para sujetos de especial protección, como por ejemplo las mujeres y la población LGBTIQ, recomendando que se adopte una visión de género en las acciones humanitarias durante y después de las emergencias, para promover la equidad en la atención en situaciones de vulnerabilidad.
Además, pide a ministerios y entidades, incluyendo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que los niños, niñas y adolescentes que están en albergues por cuenta del huracán Iota, pueda reunirse nuevamente con su familia lo más pronto posible. En cuanto a las mujeres lactantes, dice que deben recibir suplementos diarios de hierro y ácido fólico.
En materia de protección y garantía de los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras durante la emergencia, la Defensoría recomienda que se refuercen las garantías constitucionales, adoptando medidas que garanticen la asistencia humanitaria, su protección y reconstrucción de la infraestructura y viviendas como consecuencia de los desastres climáticos.
Por otra parte, la entidad llama a que se trabaje para garantizar el goce de los derechos colectivos y del ambiente, así como los derechos económicos, sociales y culturales, durante la emergencia y después.
El defensor del pueblo hizo un llamado “para que entre todas las entidades del Estado, logren la disminución de los daños y la protección de las poblaciones más vulnerables en el marco del respeto por los estándares internacionales y constitucionales de DD.HH”.
