Defensoría insta a garantizar reapertura y funcionamiento del puesto de salud Olaya Herrera en Santa Marta

La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente a la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend para garantizar la pronta reapertura y un funcionamiento eficiente del puesto de salud Olaya Herrera en Pescaito, un barrio en la localidad dos de Santa Marta, capital del Magdalena.

El puesto de salud Olaya Herrera, que brindó servicios a la comunidad durante más de tres décadas, fue cerrado en 2019 debido a múltiples quejas que destacaron la falta de servicios médicos adecuados, suministro de medicamentos y violaciones sistemáticas al derecho fundamental a la salud.

El cierre del puesto de salud no solo dejó a los habitantes de Pescaito sin acceso a servicios de salud básicos, sino también a aquellos que residen en los barrios circundantes, incluyendo San Fernando, Villa Tabla, 20 de Julio, Pradito, San Martín, Barrio Norte y Olaya Herrera. Esto puso en peligro el derecho a la salud de alrededor de 7.000 personas, aseguró la Defensoría del Pueblo tras su visita reciente.

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, instó a la administración de la ciudad a tomar medidas inmediatas para restablecer el puesto de salud y garantizar su adecuado funcionamiento. Durante una jornada de atención integral y especializada en el Coliseo Cubierto David Ureche en Pescaito, Camargo Assis enfatizó la necesidad de que el puesto de salud cuente con personal médico suficiente, recursos y suministros necesarios para atender a quienes buscan servicios de promoción, prevención y atención médica.

“Este puesto de salud debe ser habilitado nuevamente; además, es imperativo que cuente con el número indicado de profesionales de la salud en sus distintos saberes, personal de talento humano, como también con los insumos necesarios, para que sean favorecidos quienes requieran acceder a los servicios de promoción, prevención y atención”, fue el llamado del defensor.

Camargo Assis también recordó que, hace dos años, líderes comunitarios y sociales presentaron una acción popular para proteger el derecho fundamental a la salud de los residentes de Santa Marta. A pesar de que el fallo judicial no respaldó sus pretensiones, la Defensoría del Pueblo está explorando formas de apoyar los recursos necesarios para la causa.

En última instancia, la Defensoría subrayó que, independientemente de las decisiones judiciales, el gobierno del Distrito Turístico de Santa Marta tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a servicios de salud esenciales para todos los habitantes de la comunidad. La entidad llamó a la acción para brindar servicios de salud oportunos y legítimos, sin esperar decisiones judiciales.

“No podemos seguir esperando a que los jueces ordenen la protección de los derechos de los usuarios, la entrega de medicamentos o el agendamiento de citas con especialistas. Tampoco podemos esperar a que ordenen reabrir un puesto de salud. Por eso, el Distrito de Santa Marta debe facilitar, y con prontitud, el legítimo acceso a los servicios de salud no solamente a los habitantes de Pescaito y los barrios aledaños, sino a absolutamente toda la comunidad samaria”, recalcó el defensor del Pueblo.

Llamado para frenar desabastecimiento de agua en Santa Marta

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo presentó un documento de advertencia sobre la situación de desabastecimiento de agua potable en el Distrito de Santa Marta e hizo recomendaciones a las autoridades locales y nacionales.

Según la entidad, la quinta parte de los ciudadanos no cuenta con cobertura de acueducto y quienes lo tienen apenas cuentan con 14 horas diarias continuas en promedio del servicio.

“Son múltiples los anuncios y gestiones que han realizado las autoridades ante el desabastecimiento de agua en la ciudad. A la fecha, no se ha adoptado una solución definitiva que les permita a los habitantes de Santa Marta tener acceso al agua potable; esto, claramente, afecta el derecho a la vida digna”, aseguró el defensor del Pueblo.

El documento da cuenta de las afectaciones a los derechos humanos como resultado de esta problemática. Lo anterior, a partir del ejercicio de diagnóstico llevado a cabo por la Defensoría del Pueblo, en el cual constató que la oferta actual de aguas superficiales y subterráneas no cubre la demanda estimada del distrito y la capacidad de los sistemas de tratamiento es insuficiente, al igual que los caudales concesionados.