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La advertencia fue hecha por el titular de ese despacho, Carlos Camargo, quien dio a conocer la Alerta 004 de 2022 sobre los escenarios de riesgo nacional. | Foto: Archivo particular

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Defensoría lanza alerta sobre riesgos al proceso electoral en 274 municipios

De los 167 municipios de zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz, 70 fueron identificados en riesgo extremo.

17 de febrero de 2022

La Defensoría del Pueblo lanzó este jueves 17 de febrero una alerta por la situación en 274 municipios del país que, según señaló, tienen riesgo extremo o riesgo alto de vulneración de derechos a la población en el desarrollo de los tres procesos electorales que habrá este año.

Ante esta situación, indicó que el Estado debe tomar con urgencia acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva de sus instituciones para evitar que se afecte el proceso electoral en esas localidades.

La advertencia fue hecha por el titular de ese despacho, Carlos Camargo, quien dio a conocer la Alerta 004 de 2022 sobre los escenarios de riesgo nacional, en la que se han identificado municipios y áreas no municipalizadas en 32 departamentos con riesgo electoral, principalmente por la incidencia de grupos armados ilegales.

“Se identifica la posibilidad de realización de paros armados, planes pistola, amenazas, ataques a miembros de la Fuerza Pública, así como contra personas intervinientes en la elección: expresiones emanadas del movimiento social, grupos políticos o ciudadanos que se encuentren en contra de grupos armados ilegales en los territorios; población víctima en participación de elección de circunscripciones especiales; defensores de derechos humanos; funcionarios públicos; pueblos étnicos; nuevas expresiones políticas, y excombatientes de las Farc”, indica el documento.

Al referirse a la alerta, el funcionario señaló que de los municipios señalados en riesgo para el proceso electoral, 79 han sido calificados en riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo.

“Con este informe lo que se busca es dinamizar la acción preventiva del Estado e impulsar la respuesta rápida y efectiva de toda la institucionalidad ante los riesgos que se advierten sobre la posible comisión de conductas vulneratorias a los derechos fundamentales y a la acción de grupos armados ilegales, que puedan afectar, entre otros, el derecho a elegir y ser elegido, a la participación democrática de la población civil, a la vida, libertad, integridad, seguridad y al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, indicó Camargo.

Según la alerta, los departamentos con mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8), Antioquia (7), Caquetá (6) y Tolima y Arauca (4).

Del total de municipios contemplados con algún tipo de riesgo, el 32 % corresponde a zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (CTEP), donde este año habrá elecciones de las curules de paz.

De los 167 municipios de 19 departamentos que forman parte de estas zonas, 70 fueron identificados como riesgo extremo, 67 riesgo alto, 23 riesgo medio y 7 riesgo bajo.

El defensor del Pueblo llamó la atención sobre los 167 municipios que conforman las zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz, ya que 70 de ellos han sido identificados con riesgo extremo, 67 con riesgo alto, 23 con riesgo medio y con 7 riesgo bajo.

De la misma forma, advirtió que en este proceso se deben extremar las medidas para las curules de paz, sobre todo luego de conocer los nombres de quienes resulten ganadores en los comicios, pues el Estado deberá brindarles las garantías para el ejercicio de sus nuevos espacios democráticos en zonas con riesgo muy alto.

“Estamos a menos de un mes de las primeras elecciones y debemos rodear este proceso democrático protegiendo, especialmente, los derechos de los más vulnerables, para que puedan participar en él”, indicó.

Camargo puntualizó señalando que “muchas veces la democracia, el acto de elegir o ser elegido, es una de las pocas cosas que les quedan a estas poblaciones y por eso hay que desplegar todas las acciones necesarias que prevengan hechos que vulneren ese derecho y que los violentos tienen el interés de patrocinar y cometer”.